Boletines de Prensa - 2020

Concluye estudio de la Contraloría: Por debajo del 50% avanza plan para eliminar uso del mercurio en actividades de beneficio de oro

COMUNICADO DE PRENSA No. 153

 

  • Gobierno Nacional ha avanzado en un 46.72% en la eliminación del uso del mercurio en las actividades de beneficio de oro en la pequeña minería y minería de subsistencia.  
  • El Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso del Mercurio, puesto en marcha en 2016, fue ineficaz frente al cumplimiento de metas e ineficiente en relación con la ejecución de recursos.   
  • La Contraloría destaca, en todo caso, avances en muchos aspectos, entre ellos en el uso de diferentes técnicas para el beneficio del oro.  
  • Unos 42.678 barequeros han dejado de utilizar aproximadamente 81.669 kg de mercurio; y en 76 plantas de beneficio el consumo disminuyó en 7.300 kg. 

 

Bogotá, 28 de octubre de 2020.- Colombia no ha podido lograr plenamente la eliminación del uso de mercurio en las actividades de beneficio de oro en la pequeña minería y minería de subsistencia (incluyendo barequeros y chatarreros*), como se planteó desde el Gobierno Nacional hace 4 años, concluyó un estudio sectorial sobre el tema realizado por la Contraloría General de la República. 

La Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Minas y Energía adelantó una “Evaluación de avances y resultados en la implementación del Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso del Mercurio: La ruta hacia un beneficio sostenible del oro 2016-2019”, determinando que el avance en este propósito es un de 46.72%. 

Esto por cuanto al 2014 se estimaba la utilización de 193.1 toneladas de mercurio por año y se lograron eliminar aproximadamente 90.21 toneladas/año, por tanto -considera la Contraloría- el Plan Estratégico Sectorial fue ineficaz frente al cumplimiento de metas de eliminación de mercurio e ineficiente en relación con la ejecución de recursos. 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), al 2019 se han dejado de utilizar en títulos mineros 425,64 kg/año de mercurio, cantidad que se evidenció en el año 2017 en visitas de campo.  

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía informa que contabilizando todas las plantas de beneficio que se encuentran dentro o fuera de un título minero, se han dejado de utilizar aproximadamente 8.61 toneladas/año de mercurio, y en lo que se refiere a barequeros, éstos han dejado de utilizar aproximadamente 81.6 tonelada/año, dando un total aproximado de 90.21 toneladas dejadas de utilizar, con un porcentaje de avance del 46.72%. 

La meta no se cumplió 

El objetivo general del Plan diseñado en 2016 era “…eliminar efectivamente el uso del mercurio de las actividades de beneficio y/o recuperación de oro…”, a mayo de 2018. 

La meta no se cumplió, por cuanto faltaron eliminar aproximadamente 102.89 toneladas/año, debido a que el consumo promedio de los años 2009 al 2013 eran aproximadamente 193.1 toneladas/año.  

Para la Contraloría, el Gobierno Nacional cumplió parcialmente con lo establecido en el Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso del Mercurio entre el año 2016 a 2019, por cuanto no cumplió algunas de las metas propuestas y otras se cumplieron parcialmente. 

Cumplimiento parcial y avances  

Las entidades del sector minero que ejecutaron este Plan fueron el Ministerio de Minas, la UPME, la ANM, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Gobernación de Antioquia. 

De acuerdo a la evaluación realizada por la CGR, estas entidades  "cumplieron parcialmente con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en el Código de Minas, en los Planes Nacionales de Desarrollo  2011-2014, 2014-2018 y 2018-2022, la Ley 1658 de 2013 y el Convenio de Minamata, en relación con la disminución del uso del mercurio en las labores de beneficio de oro, debido a que todavía se continúa utilizando el mercurio por parte de algunos mineros artesanales y más aún por parte de los mineros que realizan actividades ilegales de extracción de minerales”.  

En todo caso, se ha avanzado en muchos aspectos, entre ellos en el uso de diferentes técnicas para el beneficio del oro, dejando de consumir 42.678 barequeros, aproximadamente 81.669 kg de mercurio y en 76 plantas de beneficio, 7.300 kg. 

Y hay temas donde se lograron avances muy por encima de las metas planteadas, como es el caso de Apoyar medidas que promuevan el control y la eliminación del uso del mercurio en la industria minera, así como Ampliar, masificar y promover el uso de tecnologías limpias para la pequeña minería y minería de subsistencia. 

Donde no hubo mayor resultado fue en la bancarización de mineros, incluidos los de la minería aurífera. Aunque hubo convenios del Ministerio de Minas y Energía con el Banco Agrario y mineros interesados en recibir apoyo creditico, ningún crédito fue otorgado para mineros de oro, lo cual se aúna a la resistencia que ha tenido el sector bancario para atender al titular minero aurífero, por considerarlo de alto riesgo para sus operaciones. 

Recomendaciones de la CGR 

Como resultado de este estudio, la Contraloría General de la República formuló las siguientes recomendaciones:  

*Que el  Ministerio de Minas y Energía continúe gestionando ante el Banco Agrario de Colombia, que se flexibilicen las políticas en el otorgamiento de créditos a los pequeños mineros y mineros de subsistencia, para que puedan acceder a créditos con bajas tasas de interés, con el fin de ser invertidos en la compra de nueva tecnología para el beneficio de oro, aplicando las Guías Metodológicas para el mejoramiento productivo del beneficio de oro sin el uso del mercurio, y de esta forma no se utilice éste, evitando así la contaminación al medio ambiente y a la salud humana.  

*Apoyar a los pequeños mineros que se asocien para crear pequeñas cooperativas con el fin de tener una mayor capacidad económica y así posiblemente acceder a los créditos que otorgue el Banco Agrario de Colombia.  

*Seguir con los programas de formalización minera, ahora llamada regularización de la minería, para que los mineros que se encuentran dentro de la informalidad se capaciten en tecnologías limpias y realicen las actividades del beneficio de oro cumpliendo con parámetros técnicos y ambientales.  

*Realizar una fiscalización de la minería rigurosa, aplicando las sanciones respectivas en caso del no cumplimiento de la normatividad minera y ambiental.  

*Continuar con las capacitaciones y acompañamiento a todo el sector minero para que se concretice el uso de tecnologías limpias que disminuyan el uso e impacto del mercurio. 

Proyecto en ejecución 

Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto firmado en 2019, entre el Ministerio de Minas y Energía y el PNUD, con el apoyo de los ministerios de Ambiente y Salud, que busca eliminar el uso de 20 toneladas de mercurio en 4 años, en la minería de subsistencia y pequeña minería; con un costo de US$6 millones. 

El proyecto es financiado por el Fondo Global para el Medio Ambiente -GEF. 

En su momento, la CGR realizará un nuevo estudio con el ánimo de verificar si los proyectos enfocados en la eliminación total del uso de mercurio en el beneficio de oro logran su objetivo a cabalidad. 

 

*El barequeo es la “actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales, que se refiere al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos, con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas; y que igualmente permite la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares. 

Así mismo se encuentra el chatarrero, “la persona natural que se dedica a la actividad manual de recolección de mineral con contenido de metales preciosos presente en los desechos de las explotaciones mineras”.  

Publicado el 28 oct 2020 09:30


Según un estudio de la Contraloría: Celebración indiscriminada de convenios se volvió regla general en manejo de recursos de regalías

COMUNICADO DE PRENSA No. 152

Fotografía de funcionario investigando contratos de convenios en la Contraloría.

  • “Llama la atención la celebración indiscri­minada de convenios, ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto”.  
  • El estudio de la CGR abarca el período 2012-2019, en el cual 5 departamentos concentraron más del 40% de los recursos de regalías contratados mediante convenios.  
  • Se advierte alta discre­cionalidad en la toma de decisiones en la contratación que realizan los entes territoriales con recursos de regalías a través de la figura de contratación directa, como mecanismo general y no como regla excepcional o de aplicación restrictiva.  
     

Bogotá, 24 de octubre de 2020.- La contratación con recursos de regalías no deja de presentar riesgos: la Contraloría General de la República ha identificado una creciente tendencia a evadir la obligatoriedad de la licitación pública cuando así se requiere, para realizar contrata­ciones directas bajo el amparo de figuras como los “convenios”. 

En un estudio que abarca la contratación directa en el Sistema General de Regalías (SGR) desde el 2012 hasta el 15 de junio de 2019, la Contraloría realizó un análisis por departamento con la tipología de “convenio” y encontró que los departamentos del Meta (16%), Córdoba (7.5%), Cesar (7%), Boyacá (6%), Antioquia (5,86%), concentraron el 42.36% de los recursos contratados por esta vía. 

En general, se han identificado irregularidades en los tipos de “convenios” utilizados para contratar de ma­nera directa, que han sido facultados de excepcionalmente en el artículo 355 de la Constitución, pero que se valen de la inobservancia de los requisitos legales.  

En el universo de las posibilidades de “contratación” a través de convenio, se encontró que el 47% se hacía por convenio interadministrativo, es decir entre dos entidades públi­cas, mientras el 22% se hacía con la tipología de convenio de cooperación. 

Decisiones de contratación con alta discrecionalidad 

Según la Contraloría, salta a la vista la forma cómo se ha utilizado la figura del “convenio” y la alta discre­cionalidad en la toma de decisiones en la contratación que realizan los entes territoriales con recursos de regalías a través de la figura de contratación directa, como mecanismo general y no como regla excepcional o de aplicación restrictiva.  

En materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública –transparen­cia, economía y responsabilidad, insiste el organismo de control. Y asegura que, por esta y otras razones, los riesgos de corrupción continúan siendo altos. 

La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General ha identificado, según información recogida por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y los Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que de $33.9 billones del total contratado a 15 de junio de 2019, se realizaron procesos con la modalidad de contratación directa por cerca de $4.2 billones, es decir cerca del 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías (SGR). 

Los sectores de educación (21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), lideran esta contratación directa. 

Fallas recurrentes 

En desarrollo del principio de transparencia y selección objetiva, la Contra­loría General de la República ha formulado un llamado de atención sobre los tipos de “con­tratación” con recursos de regalías que realizan las entidades públicas de manera directa, sin observación de los principios rectores del ordenamiento legal en materia de contrato estatal.  

En este caso, en los convenios celebrados entre entidades públicas y privadas, son recurrentes fallas como la ausencia en la planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación. 

De las actuaciones especiales realizadas por la Contraloría General en el proceso auditor del Sistema General de Regalías, llama especialmente la atención la celebración indiscri­minada de convenios ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto en cada negocio jurídico y, además, confundiendo de manera dolosa las figuras de interpretación y aplicación restrictivas contempladas en el ordenamiento jurídico para consentir la contratación directa.  

Intermediación innecesaria  

Por otra parte, dentro de los hallazgos de la Contraloría General, se evidencia la utilización la figura de “la intermediación innecesaria”. 

Un ejemplo de ello es de la suscripción del Convenio de Cooperación No. 001 de 2012 entre la Gobernación del Casanare y COMFACASANARE, cuyos estudios previos señalaron claramente que no se optaba por un contrato conmutativo, pues la intención era aunar esfuerzos para un propósito de interés general. 

Después de firmar tal convenio, COMFACASANARE suscribió el contrato 685 de 2012 con la UT ALIMENTA CASANARE, para el cumplimiento del propósito principal: el suministro de alimentos.  

Entre la celebración del convenio 001 de 2012 y la firma del contrato 685 de 2012, se observa una diferencia de $1.200 millones que, según COMFACASANARE, se utilizó́ en gastos administrativos y de legalización.  

Una cifra menor, pero aún significativa 

Como un resultado positivo, se resalta que las entidades ejecutoras de recursos de rega­lías hayan disminuido los valores contratados a través de la modalidad de contratación directa, pasando de $2,1 billones en el 2013 a $0,6 billones en los proyectos aprobados en el 2019. Sin embargo, todavía sigue siendo una cifra importante, si además se suman los valores contratados con entidades sin ánimo de lucro y por cuantía mínima, que su­maron $0,64 billones de pesos para proyectos aprobados en el año 2019. 

Vacíos normativos 

En Colombia, el Estatuto de Administración de la Contratación Pública establece como un mecanismo de selección la figura de la contratación directa, toda vez que existen obras o servicios que, debido a su complejidad o su cuantía, no ameritan otra forma de escogencia, es decir que la entidad procede sin mayores procedimientos, ni amplias convocatorias, ni abrir concurso para que los interesados pre­senten sus ofertas, o realizar sendas evaluaciones y de ese grupo oferente elegir con quien contratar.  

En este tipo de contratación, la selección la adelanta el ordenador del gasto de manera discrecional al considerar cuál es el más idóneo.  

Sin embargo, para la Contraloría, la existencia de vacíos normativos, las imprecisiones técnicas para la utilización de la figura del contrato estatal versus el concepto de convenio de la administración y la con­fusión de figuras jurídicas disimiles, han facilitado la práctica de usos irregulares de los modelos de los tipos de convenio que han sido facultados. 

Publicado el 24 oct 2020 12:00


Por sobrecostos en kits alimentarios: CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones contra director de UNGRD, 3 subdirectores y 35 proveedores

COMUNICADO DE PRENSA No. 151

Fotografía de kit alimentario con el titular de la noticia.

  • Vinculados como presuntos responsables fiscales el director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, y los subdirectores María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza.  
  • También fueron llamados a responder 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos.  
  • Los sobrecostos se dieron en 89 órdenes de proveeduría de la UNGRD, para la entrega de kits de alimentos de asistencia humanitaria a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria COVID-19.   
  • Aparte de sobrecostos, se establecieron faltantes en los mercados adquiridos, tanto en cantidad como en gramaje, en productos como fríjol y chocolate.  
  • Hubo productos que no se entregaron y en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar.  
  • De acuerdo a esto, se pagaron sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado. 

 

 

Bogotá, 21 de octubre de 2020.-La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones de pesos contra el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, 4 subdirectores de la misma entidad y 35 proveedores de kits de alimentos, por sobrecostos, faltantes en cantidad y producto y entregas incompletas de mercados destinados damnificados y afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Según estableció el organismo de control, las irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la UNGRD para la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia -AHE, conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en el Distrito Capital. 

Se pudo establecer la ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite) y/o unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate), y/o kits no entregados. 

Otra irregularidad verificada es que en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar. 

Para la CGR, las situaciones mencionadas implican que en desmedro del erario se vienen pagando sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado. 

Vinculados como presuntos responsables fiscales 

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales al director general y subdirectores para el manejo de desastres de la UNGRD que intervinieron en estos hechos y, también, a 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos: 

*Eduardo José González Angulo, en su calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

*María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza, en su condición de subdirectores para el Manejo de Desastres de la UNGRD. 

*Y 35 proveedores de esta entidad, entre los que figuran empresas como Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca – CENCOIC, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta y Diver Dotaciones SAS. 

Así mismo, fue llamada como tercero civilmente responsable La Previsora S.A., compañía de seguros. 

Trámite de denuncias ciudadanas y de congresista 

Los actos irregulares que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron puestos en conocimiento de la CGR mediante dos denuncias recibidas por correo electrónico, el 29 de abril pasado, por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, que solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) revisar la contratación cuestionada. 

La Contraloría Delegada para Infraestructura conoció de estas denuncias y a su vez requirió información a la UNGRD sobre el tema, con el objeto de responder un cuestionario formulado por el Senador Carlos Jiménez López, relacionado con posibles sobrecostos en los mercados adquiridos. 

A principios de mayo, la DIARI trasladó la documentación respectiva a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con estas irregularidades. 

Posteriormente, el pasado 3 de junio se abrió Indagación Preliminar y tras el cierre de la misma se profirió el auto de apertura del este proceso de responsabilidad fiscal. 

Entidad afectada 

La entidad afectada por el detrimento patrimonial de $16.637.510.403 es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD, fideicomiso estatal constituido como patrimonio autónomo y que es administrado por La Previsora S.A. 

Esto porque la ordenación del gasto del Fondo y sus subcuentas está a cargo del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

Publicado el 21 oct 2020 13:00


Contraloría tramita 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares por $30.238 millones, por malos manejos de recursos para resguardos indígenas

COMUNICADO DE PRENSA No. 150

Fotografía de indigena aruhaco con el titular de la noticia en el costado derecho. Fotografía de Stephen Ferry

  • Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de mayores investigaciones por departamentos. 
  • En Puerto Gaitán (Meta) se ubican los dos procesos de mayor cuantía (uno por $8.032 millones y otro por $3.924 millones).  
  • Desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales por $43.197 millones.  
  • Una de las irregularidades más comunes, como objeto de reproche fiscal, es que los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas. 

 

Bogotá, 21 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República tramita actualmente 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares, por $30.238 millones de pesos, que tienen relación con irregularidades en el manejo de recursos destinados a los Resguardos Indígenas detectadas en los últimos años. 

El departamento del Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de estas investigaciones. Le siguen Nariño (con 15), Guajira (10) y Sucre (8). 

El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía, por $8.032 millones, se adelanta por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, y tiene que ver con obras no realizadas en la Institución Educativa Kuwei, del Resguardo Wacoyo, así como la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre, ambas en Puerto Gaitán (Meta). 

Le sigue un proceso por $3.924 millones, relacionado con una obra localizada también en Puerto Gaitán: la construcción del internado para el Resguardo Awaliba. 

Enseguida están otros 3 procesos: 

*Proceso fiscal por $2.319 millones, por irregularidades en la construcción de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del kilómetro 11 San José, del kilómetro 6 y San Antonio de los Lagos, en Leticia (Amazonas). 

*Proceso fiscal por $1.499 millones, por inconsistencias en contrato interadministrativo celebrado con el Cabildo Indígena Kofan de Santiago de Cali, para construcción de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Ginebra (Valle). 

*Proceso fiscal por $1.428 millones, por irregularidades en contrato para la construcción de un sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas de Uribia, en La Guajira. 

Investigaciones terminadas 

Otra cifra importante a destacar es que, desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales (135 indagaciones preliminares y 235 procesos de responsabilidad fiscal) por $43.197 millones, por irregularidades alrededor de estos recursos. 

Se produjeron 54 fallos de responsabilidad fiscal por cuantía de $4.823 millones y resarcimientos en 19 actuaciones por un monto de $1.022 millones (3 Indagaciones Preliminares y 16 Procesos de Responsabilidad Fiscal). 

Buena parte de las investigaciones tienen que ver con irregularidades en convenios interadministrativos y entrega de recursos sin legalizar. 

Las irregularidades más comunes objeto de estas investigaciones, son: 

*Los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas. 

*Irregularidades en órdenes de compra. 

*Falta de soportes de los gastos realizados e incumplimiento de convenios que debían beneficiar a los resguardos. 

*Incumplimiento de órdenes de servicio. 

*Ejecución parcial de proyectos. 

*Pagos sin el lleno de los requisitos de ley. 

*Compras con sobrecostos. 

*Incumplimiento de contratos que tenían por objetos diversos fines orientados a mejorar la calidad de vida de los resguardos. 

*Bienes, obras y servicios no recibidos por los resguardos o que no llegan en su totalidad. O irregularidades en su adquisición. 

*Irregularidades en la entrega a los beneficiarios directos de los contratos 

*Faltantes en la ejecución de recursos

Publicado el 21 oct 2020 08:30


Denuncia Contralor en Foro de Salud: Hay medicamentos con exceso de recobro hasta del 8 mil por ciento

COMUNICADO DE PRENSA No. 149

Fotografía del Contralor Carlos Felipe Córdoba, con el titular de la noticia.

  • Es el caso del Doxopeg, un medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer de ovario.  
  • Igual sucede con dos medicamentos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (Haemate P 500 e Immunate 100), con recobros de 6 mil y 3 mil por ciento, respectivamente.  
  • Preocupación del Contralor por concentración de sumas de recobros girados en 9 meses, a tres EPS, por medicamentos no PSB de enfermedades de alto costo. 
  • La Contraloría ha detectado, además, nuevas posibles contravenciones a la integración vertical en el caso de cuatro EPS.  
  • También se evidencia el giro preferente de igual número de EPS a un mismo proveedor de medicamentos (configurando un oligopolio).  
  • Algunas EPS no han cumplido con la obligación del Giro Directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%.  
  • “No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos en manos de aquellos que encuentran en la crisis, no una oportunidad para resolver problemas estructurales, sino para hacer negocios”, advierte el Contralor Carlos Felipe Córdoba.  
  • Muy lento avance en saneamiento de la deuda del sector salud, a través del Acuerdo de Punto Final: solo $1,51 billones de pesos de los $6,7 billones proyectados para tal fin han sido efectivamente pagados.  

 

Bogotá, 20 de octubre de 2020-. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó hoy sobre una serie de situaciones problemáticas que están afectando el Sistema de Salud y a las que se les debe prestar atención, empezando por el recobro de medicamentos que exceden hasta en un 8 mil por ciento el precio máximo permitido y el hecho que tres EPS concentren el 60% de la suma de recobros girados en 9 meses, por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo.  

Hay también concentración de proveedores en el 50% de los recobros, en ese mismo caso. 

Y a esto se suman nuevas posibles contravenciones a la integración vertical en el caso de cuatro EPS, el giro preferente de igual número de EPS a un mismo proveedor de medicamentos (configurando un oligopolio) y una marcada concentración en pocas EPS de los recursos destinados por concepto de compensación y liquidación mensual de afiliados en los regimenes contributivo y subsidiado. 

Al hablar el Foro Virtual “El sistema de salud que necesitamos los colombianos”, el Contralor indicó que, aun en medio de los naturales problemas de índole financiero y fiscal que se han afrontado, ha sido muy lento el avance en el saneamiento de la deuda del sector, a través del Acuerdo de Punto Final, pues solo $1,51 billones de pesos de los $6,7 billones proyectados para tal fin han sido efectivamente pagados. 

Dijo también que la Contraloría ve con preocupación cómo el giro anticipado de techos o presupuestos máximos para los meses de febrero, marzo y abril de la presente vigencia no se tradujo en el flujo de recursos esperado a los prestadores de servicios de salud, para lo cual se generó el anticipo en mención.  

Según precisó, en su ejercicio de Vigilancia y Control fiscal a dichos recursos, la CGR ha venido haciendo un seguimiento de manera específica y ha encontrado que algunas EPS no han cumplido con la obligación del Giro Directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%. 

En este sentido, anunció que, dentro de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el segundo semestre de la presente vigencia, la CGR contempla auditorías a 28 EPS del sistema, con el fin de establecer las responsabilidades en posibles hallazgos de carácter fiscal. 

“No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos” 

El Contralor fue enfático en señalar que la Contraloría General de la República redoblará esfuerzos para que los recursos públicos, orientados y ejecutados en el marco de la pandemia, alcancen la mayor eficiencia y eficacia posible en el propósito de controlar la grave situación de salud que aqueja al país. 

“No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos en manos de aquellos que encuentran en la crisis, no una oportunidad para resolver problemas estructurales, sino para hacer negocios”, subrayó. 

Tres ejemplos dicientes de exceso en recobro de medicamentos 

El Contralor reconoció que el proyecto de regulación de precios de medicamentos ha permitido ahorros cercanos a los $7 billones en el último quinquenio, sin embargo -dijo- hay una alarma: 

Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2019, la Contraloría ha constatado medicamentos que exceden hasta en un 8.000% por ciento el precio máximo permitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Tales situaciones son motivo de alerta y de verificación por parte de los equipos auditores que se encuentran en las EPS.   

El tablero de control de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, que permite detectar gastos indebidos, buenas o malas prácticas, riesgos, patrones o tendencias relacionadas con la gestión fiscal, encontró que hay medicamentos cuyos recobros exceden hasta el 8 mil por ciento del precio máximo permitido. 

Estos son de 3 los casos detectados por la DIARI: 

*DOXOPEG SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 20 mg/10 Ml. Excede presuntamente hasta el 8000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer de ovario. 

*HAEMATE P 500 UI. Excede presuntamente hasta el 6000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (asociada a la coagulación sanguínea) 

*IMMUNATE 1000 FACTOR DE COAGULACIÓN. Excede presuntamente hasta el 3000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (asociada a la coagulación sanguínea). 

Otros problemas a los que se les debe prestar atención 

En su intervención en el Foro Virtual “El sistema de salud que necesitamos los colombianos”, convocado por la Casa Editorial El Tiempo, el Contralor Carlos Felipe Córdoba entregó otros datos y cifras de problemas estructurales del sector salud. 

*A través también del tablero de control administrado por la DIARI, se ha observado las EPS que más han realizado recobros por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo (Artritis, Cáncer, ERC, VIH y Hemofilia).  

Son: NUEVA EPS, SURAMERICANA y SANITAS, por $906.000 millones. 

Esa cifra equivale al 60.46% de los recobros girados entre los meses de enero y septiembre de 2019. Y llama la atención que cerca del 50% de los recobros esté representado únicamente por siete 7 proveedores a nivel nacional. 

*También se observa una concentración en los pagos hacia las IPS que tienen vínculos empresariales con la EPS. 

Esto último evidencia el posible establecimiento de una condición de integración vertical, que se infiere de los giros preferentes en casos como los de Coomeva EPS, Salud Total EPS, Nueva EPS y Famisanar EPS.  

*Se ha encontrado, igualmente, que cuatro EPS giran de manera preferente a un proveedor de medicamentos, con lo que se podría estar configurando en el mercado de la salud la presencia de oligopolios en los proveedores. 

*Respecto al régimen contributivo, entre enero y julio de 2020 se han destinado recursos UPC por valor de $14.73 billones y la Contraloría ha encontrado que las cinco EPS que reciben más recursos por concepto de compensación son NUEVA EPS, SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL Y FAMISANAR. 

*En cuanto al régimen subsidiado, entre los meses de enero y julio de 2020 se han destinado recursos UPC Liquidación Mensual de Afiliados por valor de $13.54 billones. 

Las cinco EPS que reciben mayor cantidad de recursos por la Liquidación Mensual de Afiliados son COOSALUD, NUEVA EPS, MUTUAL SER, EMSSANAR Y ASMETSALUD. Estas EPS han recibido en el periodo señalado $6.02 billones, lo que evidencia una concentración cercana al 44%. 

*De los $3,93 billones destinados durante la actual vigencia para los presupuestos máximos, la ADRES ha realizado giros por $2,36 billones a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB). 

Si bien es obligatorio que estas entidades reporten la destinación de los recursos entregados por este concepto, sólo 11 de ellas han realizado el reporte a la ADRES.  

En este sentido, el Contralor General llamó la atención a las 28 entidades restantes para que realicen el reporte del total recibido por las EPS que han realizado giros a las IPS por más de $811.000 millones, correspondiente al 34% de los recursos girados a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). 

El desafío de disponer de más UCI  

Para el Contralor Carlos Felipe Córdoba, la problemática del Sector Salud se ha caracterizado por una gran presión sobre los servicios de salud, que al inicio de la pandemia no tenían una capacidad instalada adecuada, lo cual debe dejar como enseñanza que la inversión en salud y el cuidado de los presupuestos públicos deben ser una prioridad para el país. 

Según el Ministerio de Salud Pública, al inicio de la pandemia se contaba con 5.539 camas UCI, cuya capacidad había aumentado gradualmente a 5.845 para abril de 2020, con la perspectiva de llegar a 9.000 en la última fase de implementación de medidas contra la pandemia; sin embargo y a raíz de los esfuerzos por mejorar la capacidad instalada en camas de UCI, a septiembre de 2020, ya se registran alrededor de 10.000 camas UCI instaladas en el país. 

En una reunión reciente con el equipo de la Contraloría Delegada de Salud, el Ministerio anunció la ejecución de recursos por más de $280.000 millones para contratar y formalizar personal de atención en la emergencia.   

También informó sobre la destinación de $380.000millones con el propósito de saldar deudas salariales de los hospitales públicos y saneamiento de su nómina.  

Pero la Contraloría considera que no existen bases de consulta pública actualizadas en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (RETHUS) ni en el Observatorio de Talento Humano en Salud que permitan realizar un seguimiento fiscal de la ejecución real de estas asignaciones. 

Retos para la post pandemia 

Otro tema al que se refirió el Contralor es que el organismo de control a su cargo observa con preocupación que Colombia ha perdido la soberanía en la producción de vacunas desde la implementación de la Ley 100 de 1993, situación que debe ser corregido en el futuro.  

Frente a la pandemia por COVID-19, el Gobierno Nacional se ha visto precisado a la adquisición de vacunas con el propósito de lograr la inmunidad o la protección de la población mediante una estrategia internacional que obligará a la orientación de recursos por una suma cercana a los US $ 500 millones. 

“Este escenario obligará a la disposición de recursos institucionales con el ánimo de alcanzar la eficiencia y eficacia en el uso de estos recursos”, concluyó al respecto. 

Se refirió luego al Proyecto de Ley 010 que tramita el Congreso y tiene como propósito generar una reforma en el Sistema de Salud y dijo que la Contraloría le está realizando seguimiento, con el fin de determinar oportunamente sus potenciales riesgos e impactos desde la perspectiva macroeconómica sobre las finanzas del sistema.

Publicado el 20 oct 2020 10:00