Altos riesgos de corrupción en La Guajira, en contratación con regalías: el 78% se adjudica con un único oferente y hay concentración de contratistas e interventores

Comunicado de prensa No 212

  • Al sumar la contratación directa, que representa el 24,3 % del total, la situación es aún más crítica, ya que el 85,2% de la contratación se estaría realizando sin pluralidad de oferentes.  Los porcentajes más altos están en la Gobernación (86,3%), y en los municipios de El Molino (100%), Fonseca (87,7%) y Hatonuevo (82,4%).
  • El 80% del valor de la contratación con recursos de regalías, que a diciembre de 2015 ascendía a $558,4 mil millones, está concentrado en el 19% de los contratistas.
  • El principal grupo contratista está conformado por David Ricardo Castillo Baute* y Miguel Camilo Castillo Baute: conforman dos empresas que tienen contratos de obra y a su vez y hacen parte de 7 consorcios y 1 unión temporal, cuya contratación asciende a $89.191 millones -10 proyectos-  de la Gobernación de La Guajira y tres municipios, por  valor de $99.345 millones. Dos de estos contratos por un valor de $7.393 millones que representan el 8,3%, están suspendidos.
  • Algunos de los principales contratistas evidencian problemas de ejecución que han obligado a suspender los contratos. En cuanto a las interventorías, un solo grupo, el Consorcio Applus, celebró un solo contrato por valor de $6.664 millones para realizar la interventoría a 33 proyectos de la Gobernación por un valor de $136.802 millones, en 11 sectores diferentes: transporte, educación, cultura, recreación y deporte, comercio, trabajo, inclusión social, vivienda, interior, planeación y agricultura.
  • Un porcentaje relativamente bajo de las regalías se destina a atender las necesidades más sentidas de la población (educación, agua potable y saneamiento básico, salud, vivienda e inclusión social).

 

Bogotá, 12 de diciembre de 2016.- La Contraloría General de la República reveló hoy un informe sobre el uso y manejo de regalías en el departamento de la Guajira, entre 2012 y 2015, que evidencia que los riesgos de corrupción continúan siendo muy altos.

Es así como pese a que el 74,7% de la contratación con recursos de regalías se realiza por concurso (licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada y mínima cuantía), el 78,7% se adjudica con un único oferente. Este porcentaje está por encima del promedio nacional que es del 72%.

Además, el 18,5% de la contratación se realiza con dos oferentes y un escaso 2,6% con tres.

Al sumar la contratación directa, que representa el 24,3 % del total, la situación es aún más crítica, ya que el 85,2% de la contratación se estaría realizando sin pluralidad de oferentes.  Los porcentajes más altos están en los municipios de El Molino (100%), Fonseca (87,7%) y Hatonuevo (82,4%).

La explicación de la falta de pluralidad de oferentes no radica en la existencia o escasa oferta de proponentes, pues de acuerdo con los datos del Registro Único de Proponentes, RUP, en los distintos objetos contractuales se encontraron múltiples oferentes localizados en La Guajira:

En 86 objetos contractuales, de aquellos en los que hubo un solo oferente, se encontraron 13.687 posibles oferentes. Y en 49 contratos celebrados bajo contratación directa, se encontraron 14.680 posibles proponentes registrados.

Por esta razón, la Contraloría no duda en asociar la falta de pluralidad de oferentes con los altos riesgos de corrupción.

La Guajira se ha caracterizado por ser uno de los departamentos con mayor incidencia de fenómenos como la corrupción y el clientelismo, lo cual va de la mano con la deficiente gestión de las administraciones locales.

Casos de oferentes que tienen concentrada la contratación

Por otra parte, este estudio encontró que hay concentración de la contratación en algunos oferentes: en La Guajira el 80% de valor de la contratación, que ascendía a diciembre de 2015 a $558,4 mil millones, está concentrado en el 19% de los contratistas.

El principal grupo contratista está conformado por David Ricardo Castillo Baute y Miguel Camilo Castillo Baute: conforman dos empresas que tienen contratos de obra y a su vez y hacen parte de 7 consorcios y 1 unión temporal, cuya contratación asciende a $89.191 millones -10 proyectos-  de la Gobernación de La Guajira y tres municipios, por  valor de $99.345 millones. Dos de estos contratos por un valor de $7.393 millones que representan el 8,3%, están suspendidos.

Jorge Alberto Villegas Oñate: conforma una empresa, que a su vez hace parte de dos consorcios y cuatro uniones temporales, que tienen contratos en los sectores de transporte, educación y vivienda, por un valor de $16.414 millones, en  diez proyectos cuyo valor asciende a $17.468 millones. De estos contratos, hay dos suspendidos que ascienden a $3.513 millones; es decir, el 21,4% del valor de la contratación de estos contratistas.

En cuanto a las interventorías, el Consorcio Applus celebró un solo contrato por valor de $6.664 millones para realizar la interventoría a 33 proyectos de la Gobernación por un valor de $136.802 millones, en 11 sectores diferentes: transporte, educación, cultura, recreación y deporte, comercio, trabajo, inclusión social, vivienda, interior, planeación y agricultura.

Las regalías no se invierten en lo que deben invertirse

En cuanto al uso de las regalías, lo que se evidencia es que La Guajira destina un porcentaje relativamente bajo a atender las necesidades más sentidas de la población: de un total de 341 proyectos aprobados por valor de $928,5 mil millones, sólo el 46,7% ($433,6 mil millones) se dirige a los sectores de educación, agua potable y saneamiento básico, salud, vivienda e inclusión social.

Dicha cifra contrasta con los indicadores de pobreza. La Guajira es el tercer departamento más pobre del país, después de Chocó y Vichada: el 80% de la población es pobre, pese a 40 años de explotación minera que le han permitido, además de recibir históricamente importantes recursos por regalías,  tener un crecimiento económico promedio similar al nacional, y un PIB p.c. que lo ubica en un rango intermedio.

Al interior del departamento, los tres municipios que concentran la producción de carbón como son Albania, Barrancas y Hatonuevo presentan porcentajes de población pobre apenas ligeramente por debajo del total del departamento. Uribia, donde se ubica el puerto carbonífero de Bahía Portete, es el municipio más pobre, con el 97,6% de la población en esta condición. Paradójicamente, en los municipios no productores, que tienen como actividad económica la agricultura, la ganadería y el comercio, como son Villanueva, Fonseca y San Juan del Cesar, se registran menores niveles de pobreza.

De acuerdo a este estudio, los graves problemas de salud en La Guajira, que afectan fundamentalmente a niños y madres, están íntimamente asociados a la falta de agua potable, y a la pobreza en general. Frente a esta problemática, la inversión en agua potable y saneamiento básico es de apenas del 9% ($84,2 mil millones) y en salud cercana al 7% ($63,5 mil millones). Además los mayores hallazgos con presunta incidencia fiscal, está precisamente en el sector de agua potable y saneamiento básico, por un valor de $12,537 millones. Es decir el 15% de la inversión total en este sector.

Bajas inversiones en agua potable, salud y vivienda

Alrededor de la mitad de la población no cuenta con acceso a agua potable (48,6%), ni con adecuados sistemas de eliminación de excretas (57,6%); el promedio nacional en estos dos indicadores es de alrededor el 17%.  En salud, la mayoría de la población no cuenta con aseguramiento (65,5%), cuando este porcentaje a nivel nacional es del 29,6%. Así, en este conjunto de indicadores las brechas  respecto del promedio del país son significativamente altas.

Adicionalmente, la revisión de los proyectos de salud muestra que los problemas de largo plazo no son atendidos. Hay una preferencia por acciones de corte más bien asistencialista y de corto plazo,  que no garantizan sustentabilidad ni sostenibilidad.

Cabe recordar que el Gobernador saliente investigó un contrato de salud por $17.584 millones de pesos con recursos de regalías, destinado a realizar un estudio sobre las características del dengue en La Guajira y establecer acciones para la reducción del número de infectados, firmado en octubre de 2014 por el exgobernador Ballesteros. Según la Universidad Nacional, interventora del contrato, ha habido fallas desde la estructuración de la licitación.

También es muy baja la inversión en vivienda, comparada con las necesidades: apenas se destinan $27.385 millones, el 2,9% de las regalías, cuando la mitad de la población sufre problemas de hacinamiento. Adicionalmente, la gran mayoría de los recursos del sector, el 65%, no se destina a la construcción de soluciones de vivienda, sino a proyectos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, orientados al mejoramiento y adecuación del espacio público; remodelaciones de plazas, parques municipales; y estudios orientados a la consolidación de planes urbanísticos; incluso la ampliación física de la Alcaldía del Municipio de Uribia, está incluida en esta categoría de proyectos.

La baja inversión en agua potable y saneamiento básico, en salud y en vivienda contrasta con la prioridad que se le ha dado a gastos que se realizan a través de diferentes sectores, en proyectos destinados a la construcción de infraestructura comunitaria, cultural y equipamientos administrativos, en los cuales se estarían invirtiendo $64,5 mil millones. Este valor es el doble del gasto en vivienda, es similar al gasto que se realiza en salud, y apenas inferior en $20 mil millones al destinado a agua potable y saneamiento básico.

De acuerdo a esto, un alto porcentaje de las inversiones se dirige a obras que están lejos de contribuir a generar transformaciones de fondo en los territorios o en la población y cconstituirán gastos corrientes a futuro, por lo cual hay un alto riesgo de que muchas de ellas no sean sostenibles en el tiempo. No deberían ser financiadas con recursos de regalías, sino con otras fuentes de ingreso, considera la Contraloría.

Entre tanto, la inversión en educación es la más alta con un valor de $225,7 mil millones; la mitad de los recursos están dirigidos a alimentación y transporte escolar, entre los que sobresale un megaproyecto por valor de $92.493 millones de la Gobernación, para atender población de todo el departamento, que fue aprobado  a mediados de 2013 para finalizar en diciembre de 2015. A la fecha el proyecto continúa en ejecución; es decir tiene cerca de un año de retraso.

Otros lunares

Teniendo en cuenta que cerca de la mitad de la población es indígena, la CGR examinó los proyectos con enfoque diferencial que se adelantan en La Guajira, cuyo valor total asciende a $159,6 mil millones, el 17,2% del total.

Para la CGR, tal porcentaje es bajo comparado con la alta participación de la población indígena en el total. Otros departamentos destinan porciones más altas de sus 

recursos, por ejemplo, Chocó (42,8%); Amazonas (40,6%); Cauca (35%); Nariño (34,4%); y Valle del Cauca (33,5%).

Una problemática especialmente crítica que determinó el análisis de la Contraloría es la de los proyectos de ciencia y tecnología es su bajo nivel de ejecución: a diciembre de 2015 habían terminado proyectos por valor de $3.121 millones de una inversión total superior a $132 mil millones; o sea apenas el 2,4%.

Hallazgos con presunta incidencia fiscal

Los resultados de las auditorías adelantadas por la CGR, durante 2015 y el primer semestre de 2016, a la Gobernación de La Guajira y a los municipios de Hatonuevo, Manaure, Riohacha, Barrancas, Maicao y Uribia arrojaron 32 hallazgos con presunta incidencia fiscal  por $31.150 millones. De ese valor, $12.055 millones corresponden a la Gobernación y $19.095 millones a los municipios. 

Los mayores hallazgos están en los sectores de agua potable y saneamiento básico ($12,537 millones); educación ($8.788 millones) y transporte ($7.059 millones)

El hallazgo de mayor valor corresponde a la construcción del sistema integral de acueducto y abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Camarones en Riohacha, por valor de $10.859 millones. El acueducto no se encuentra en funcionamiento.

Aunque de menor valor, pero de significativa importancia, está la construcción de sistemas de almacenamiento de agua potable para las comunidades indígenas de Uribia que dio lugar a un hallazgo por valor de $1.014 millones, y la construcción de reservorios en las comunidades indígenas, con un hallazgo por $664 millones, en el mismo municipio.

En educación, sector donde los hallazgos con presunta incidencia fiscal ascienden a $8.788 millones, sobresale el correspondiente al proyecto de fortalecimiento de la calidad educativa en la zona rural de los municipios no certificados, ejecutado por la Gobernación, por valor de $3.866 millones, debido a la falta de acreditación de las actividades y el incumplimiento por parte del interventor. También hay hallazgos en proyectos de obra, siendo el de mayor cuantía los estudios, diseños y construcción del eje educativo y cultural en el municipio de Hatonuevo, por valor de  $ 902 millones.

En transporte, sector en el que los hallazgos fiscales superan los $7 mil millones, éstos tienen origen, en general, en problemas de calidad asociados al no cumplimiento de normas técnicas que garanticen la calidad y estabilidad  de las obras. En este sector los hallazgos ascendieron a $1.916 millones en seis proyectos de la Gobernación; $1.828 millones en el municipio de Barrancas; $1.791 millones en Maicao;  $964 millones en Hatonuevo; $500 millones en Riohacha en un solo proyecto; y Manaure $61 millones. 

La descripción en general de todos los hallazgos permite identificar que los de mayor valor obedecen a obras inconclusas o inútiles (elefantes blancos); problemas de calidad; y deficiencias en la interventoría.

 

*El informe de la Auditoría General sobre la contratación en el país registró que David Ricardo Castillo Baute, fue inhabilitado por dos años para contratar por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería desde enero de 2015. Aun así dice la Auditoría que él aparece en seis consocios de obras de infraestructura en Córdoba, La Guajira y Cesar.