Boletines de Prensa - 2019

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COMUNICADO DE PRENSA No. 037

 

  • Contralor Carlos Felipe Córdoba radicó proyecto de Acto Legislativo que da vuelco a las funciones que ejerce la CGR, empezando por el establecimiento de un control concomitante y preventivo.
  • Se reducirá sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones fiscales, se unificarán las competencias de las CGR y las contralorías territoriales y el Contralor General tendrá la función de intervención ante estas, cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad.
  • La reforma busca también que los créditos derivados de responsabilidad fiscal tengan prelación sobre otros.

 

Bogotá, 27 de marzo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, radicó hoy un proyecto de acto legislativo que establece un sistema de control fiscal concomitante y preventivo, que permite a este organismo adelantar actuaciones en tiempo real, recuperar el control de advertencia y alertar así oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público.

La vigilancia en tiempo real estará sustentada en el uso de tecnología avanzada: big data e inteligencia artificial. En otras palabras, la auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Unos de los aspectos novedosos del proyecto de acto legislativo es la unificación de las competencias de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. Así mismo, el Contralor General de la República tendrá la función de intervención frente a las Contralorías Territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención de la Contraloría General frente a las Contralorías Territoriales se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de estas o cuando  se requiera apoyo técnico.

En caso de eventuales procesos de intervención, los mismos se adelantarán respetando las garantías laborales de los empleados de la CGR y la estabilidad de los funcionarios de las contralorías territoriales en la Contraloría General.

El nuevo modelo de control fiscal asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo, determinando que los créditos derivados de la responsabilidad fiscal deben tener prelación frente a otros acreedores.

Sistema de Control Concomitante y Preventivo

El Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte ha considerado necesario modificar el Artículo 267 de la Constitución Política y establecer un sistema de control concomitante y preventivo.

“El país no aguanta más, que la Contraloría llegué a ver las cenizas de lo que muy posiblemente pueda encontrar, de los presuntos robos al erario público, por eso estamos pidiendo que tengamos una función preventiva, concomitante y posterior, para estar en todo momento vigilantes y atentos del recurso de todos los colombianos y superar esa limitante que hoy tenemos, que nos lleva a llegar después de pasados los hechos irregulares”, expresó.

“Lo que necesitamos es ser preventivos y en ese sentido hacemos un llamado al Congreso, para que se nos permita fortalecer la Contraloría General de la República, de aquí hacia el futuro, contando además con unas herramientas tecnológicas con las que buscamos llegar rápido y con un paso adelante sobre quienes se quieren quedar con los recursos públicos, que son de todos los colombianos”, añadió.

Actuaciones de control fiscal llevarán menos tiempo

Para establecer el Sistema de Control Fiscal y Preventivo, se propone modificar el Artículo 267 de la Constitución. Se llama “Preventivo” porque se quiere evitar que ocurran daños fiscales.

Cuando prospere la reforma propuesta por el Contralor, este sistema preventivo será un complemento del actual control posterior y selectivo.

De esta manera, será posible reducir sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones de gestión fiscal.

El proyecto crea por cada Contraloría Delegada Sectorial de la CGR una oficina con funciones preventivas.

Técnología avanzada

La aplicación del nuevo modelo de control fiscal será eficaz mediante el uso de tecnología avanzada. La auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Para ejercer la vigilancia “en tiempo real”, la CGR utilizará mecanismos como datos públicos digitales y bases de datos de registro y control de la contratación pública.

Unificación de competencias con las Contralorías Territoriales

Hoy día existen 65 contralorías, sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales. Funciona también una Auditoría General de la República encargada de vigilarlas. Esa cantidad genera la sensación de que el control fiscal está desarticulado.

Por eso, el Contralor considera urgente unificar las competencias de todas esas contralorías, de una manera ordenada y de acuerdo con su respectivo ámbito territorial, sin distinciones sobre el origen de los recursos públicos que deben vigilar.

La Contraloría General de la República conservaría su competencia nacional y en el nivel local esa competencia se ampliaría a toda clase de recursos y se compartiría con las contralorías territoriales.

Una ley posterior a la reforma regularía las competencias concurrentes entre contralorías y la forma en que la CGR podría realizar control prevalente.

Función de Intervención frente a las Contralorías Territoriales

El Contralor General de la República tendrá la función de intervención frente a las Contralorías Territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención de la Contraloría General frente a las Contralorias Territoriales se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de las mismas o se requiera apoyo técnico.

Coordinación con la Auditoría General

Adicionalmente, se asigna al Contralor General de la República la función de organizar, en coordinación con la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, para armonizar y estandarizar la vigilancia de la gestión fiscal y con el fin de formular políticas públicas sobre la materia.

Funciones jurisdiccionales a la CGR

El proyecto de acto legislativo asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo.

Actualmente, los fallos fiscales de la Contraloría pueden ser controvertidos en las instancias jurisdiccionales y por eso no alcanzan de inmediato el carácter de “cosa juzgada”.

Además, en el caso de los fallos con responsabilidad, el cobro coactivo, indispensable para recuperar los dineros perdidos, se supedita a que la Justicia decida si el acto administrativo que conduce al fallo es nulo o no lo es.

En estas condiciones, es común que se presenten largos debates procesales que dilatan las actuaciones y alejan la posibilidad de que el perjuicio patrimonial sufrido por el Estado sea resarcido. Con el riesgo de que el gestor fiscal, es decir el servidor o servidores que producen el perjuicio patrimonial, se queden sin una sanción oportuna.

En estas condiciones, los procesos fiscales pueden tardar hasta 12 años, (5 años en el trámite ante la Contraloría y 7 años en la jurisdicción de lo contencioso administrativo).  El Contralor quiere acabar con esta situación y esa es la razón por la que propone modificar el Artículo 116 de la Constitución, para asignar funciones jurisdiccionales a las autoridades de control fiscal.

Estas funciones jurisdiccionales servirían exclusivamente para determinar la responsabilidad fiscal, dado que se trata de una función especializada. En este aspecto, la reforma atendería cabalmente las exigencias derivadas de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Créditos derivados de responsabilidad fiscal tendrían prelación

Por otra parte, la potestad de cobro coactivo atribuida a la Contraloría General de la República en el numeral 5 del artículo 268, se ha visto obstaculizada porque algunos jueces, administradores concursales y liquidadores les dan el mismo tratamiento a los créditos fiscales que a los de cualquier otro acreedor de las empresas o personas naturales que acuden a ese tipo de procedimientos.

Es por eso que la Reforma busca que, de manera taxativa, se estipule la prelación de los créditos derivados de la responsabilidad fiscal, algo apenas lógico porque están en juego recursos que fueron objeto de malversación patrimonial.

Se ha considerado necesario, además, que las medidas cautelares decretadas durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal o del proceso de cobro coactivo no se levanten a solicitud del juez del concurso; es decir, que ante el cobro coactivo de las deudas de carácter fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, éstas no se mezclen con otras deudas o procedimientos de naturaleza concursal.

Con tal reforma se busca, que los recursos públicos cada vez estén mejor protegidos y con la prioridad debida.

Publicado el 27 mar 2019 16:30