Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 053

 

  • Irregularidades en contratación de bienes inmuebles, pagos injustificados e inconsistencias en los pagos por parte de la Corporación, fueron algunas de las razones que tuvo la CGR para tomar estas decisiones. 

  
Bucaramanga (Santander), 17 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Departamental Colegiada en Santander, dejó en firme 6 fallos con responsabilidad fiscal contra la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, por una suma que totaliza un poco más de mil millones de pesos ($1.001.647.897,26,). 

Las irregularidades que dieron pie a estos fallos se detectaron inicialmente en procesos de auditoría adelantados a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS.

El fallo con responsabilidad fiscal de mayor cuantía (por $372 millones), se originó en la adquisición del predio denominado El Puente, donde se detectó un incremento injustificado del valor de venta de los inmuebles a la CAS al compararlo con el valor con que los propietarios los habían adquirido. Dicho aumento se presentó en el transcurso de solo unos meses.

demás, solo uno de los predios adquiridos se encuentra respaldado en un avalúo del IGAC.  
La Contraloría formuló inicialmente un hallazgo fiscal por $372.179.365,26, que fue fallado con responsabilidad fiscal en diciembre de 2018, y confirmado en segunda Instancia en el mes de marzo del año en curso. 

Fallas en el proceso contractual 

Un segundo fallo de responsabilidad fiscal contra la CAS es por un valor de $251.096.541, y surgió por un contrato celebrado por la Corporación para adquirir la propiedad de un inmueble de 74 hectáreas, sin observar en el estudio de títulos que la vendedora era propietaria solamente de las mejoras de este. 

Para la CGR, se incumplió con los procedimientos establecidos para la adquisición de inmuebles, debido a las fallas que se dieron dentro de todo el proceso contractual, desde su planeación hasta la consumación con la suscripción de la escritura pública de compraventa y posterior pago del precio convenido. Por tanto, el hallazgo fiscal acarreó fallo con responsabilidad fiscal, igualmente confirmado en segunda instancia el pasado mes de febrero. 

Incumplimiento de requisitos 

En un tercer fallo con responsabilidad fiscal, la Contraloría encontró irregularidades en un contrato de compraventa, en el que la CAS omitió las normas propias sobre la adquisición de bienes inmuebles, sin verificar que los valores pedidos por los oferentes se ajustaran a la realidad comercial, generando un mayor valor destinado para este rubro y ocasionando un detrimento patrimonial a la entidad. 

Así mismo, los avalúos puestos a consideración por el vendedor no reflejaban ventajas o mejoras considerables que justificaran la diferencia en el precio de compra y el precio de oferta.  

En este caso, para la CGR, fue evidente la falta de planeación en la contratación, estudios de títulos incompletos e incumplimiento de los requisitos para la adquisición de inmuebles, por tanto, el hallazgo en cuantía de $179.283.290 quedó confirmado con fallo de responsabilidad fiscal el 28 de febrero de 2019. 

Avaluó elevado 

Un cuarto fallo, tuvo su origen en el contrato celebrado por la Corporación en abril de 2014, para adquirir la propiedad de un inmueble, sin advertir que en el avalúo aportado por el oferente se fijó como precio por hectárea un valor superior a los precios del mercado, teniendo en cuenta la existencia de otros avalúos, correspondientes a predios adquiridos con anterioridad, ubicados en el mismo Municipio con similares características y cuyos precios fueron fijados por avalúos realizados por el IGAC a través del mismo perito. 

Todas las fallas dentro del proceso contractual llevaron a la CGR a formular un hallazgo por $177.775.664, cuyo fallo de responsabilidad fiscal se confirmó el pasado 6 de marzo. 
Otros dos fallos 

Los $21.313.037 millones restantes, hacen parte de otros dos fallos, en los que la CAS incurrió en irregularidades contractuales para la adquisición de bienes inmuebles ($20.438.022) y el pago del impuesto predial de inmuebles ($875.015), teniendo en cuenta que la Corporación legalmente se encuentra excluida de dicho gravamen, debido a su naturaleza jurídica.

 

Publicado el 17 abr 2019 11:00