Boletines de Prensa - 2019

A $15,6 billones llegó el saldo sin ejecutar del Sistema General de Regalías, a diciembre de 2018

COMUNICADO DE PRENSA No. 167

 

  • Esta situación constituye el indicador de eficiencia más crítico del SGR.
  • 5 departamentos tienen el mayor porcentaje de recursos pendientes por ejecutar: Sucre, Atlántico, Risaralda, Vaupés y San Andrés.

 

Bogotá, 5 de noviembre de 2019.- En $15,6 billones de pesos calculó la Contraloría General de la República el saldo de recursos del Sistema General de Regalías que quedó sin ejecutar a diciembre de 2018, lo que representa el 54% de los recursos disponibles del SGR para el bienio 2017-2018.

De esa suma, un poco más de $9,7 billones quedaron en las cuentas bancarias de las entidades territoriales y $5,9 billones en el Tesoro Nacional, es decir en comparación con años anteriores, aumentaron los saldos en la cuenta del Tesoro Nacional, esto como consecuencia de la modificación en la política de giro establecida a partir del 01 de enero de 2017 a través del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016, por el cual se decretó el  Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2017-2018.

La contratación directa representa el 28%  y los procesos de concurso (licitaciones y concurso de méritos el 71%. Según un análisis realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de una muestra de contratos por valor de $12.8 billones, el 64,8%, es decir $8.3 billones se realizan con un único oferente.

Distribución de la contratación según modalidades 2012 a 2018 (Cifras en millones de pesos y porcentajes)

A diciembre de 2018 había más de mil contratos del Sistema General de Regalías suspendidos, por valor de $1,8 billones. Estos contratos hacen parte de 942 proyectos que ascienden a $2,8 billones, equivalentes al 28% de los proyectos en ejecución.

Esto quiere decir que estos proyectos estarían en riesgo para culminar su ejecución, pues los contratos fueron suspendidos.

Valor y porcentaje de recursos de regalías en riesgo por contratos suspendidos a diciembre de 2018 (Cifras en millones de pesos)

Ejecución por departamentos

Como se observa en el siguiente gráfico, la información por departamentos muestra que Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Guainía, Casanare y Arauca presentan la ejecución más alta, con porcentajes entre el 52% y el 62%.

En contraste, 18 departamentos están por debajo del 45%, dentro de los cuales Sucre, Atlántico, Risaralda y Vaupés son los más críticos (por debajo del 30%).

Transporte y educación principales sectores de inversión

La tendencia en el último año se mantiene en cuanto a los sectores hacia donde se dirige la inversión de los recursos de regalías.

Los sectores con mayor inversión desde el año 2012 a diciembre de 2018: son Transporte/vías (4.919 proyectos; $14,2 billones), Educación (1.530 proyectos; $4,6 billones), Agua Potable y Saneamiento Básico (1.144 proyectos; $2,4 billones), Vivienda (1.357 proyectos; $2,2 billones) y cultura (1.763 proyectos; 2 billones).

Persisten riesgos de dispersión de los recursos

La evaluación realizada por la CGR indica que siguen presentes los riesgos de dispersión de los recursos de regalías.

El valor promedio de los proyectos es bastante bajo, en el caso de los OCAD Municipales ($1.030 millones) y en los OCAD Departamentales ($3.170 millones).

Los promedios son más altos en los proyectos que se aprueban a través de los OCAD Regionales y en el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Hallazgos fiscales por $1,4 billones, entre 2015 a septiembre de 2019

Los riesgos de corrupción, de baja calidad de los bienes y servicios contratados, así como las debilidades en los procesos de planeación y en la ejecución de los proyectos, se ponen de manifiesto en los procesos auditores que realiza la CGR. En efecto, las auditorías arrojaron hallazgos fiscales que afectan los sectores de agua potable y saneamiento básico, transporte y educación.

Publicado el 05 nov 2019 11:00


Con 55 hallazgos fiscales por $11.399 millones, concluyó control fiscal a convenios suscritos por Coldeportes entre 2015 y 2018, para infraestructura deportiva

COMUNICADO DE PRENSA No. 166

 

  • Se determinaron en total de 257 hallazgos administrativos, 55 de ellos con incidencia fiscal por detrimento al patrimonio público, 180 con posible connotación disciplinaria y uno penal.
  • La Contraloría encontró obras sin uso, escenarios deportivos que requieren de obras adicionales para ponerlo en uso y baja calidad de algunas entregadas por los contratistas.
  • Se evidenciaron 14 proyectos de 562 revisados (2,5%), sin ningún avance de obra.
  • Conclusiones del ejercicio de control fiscal realizado a más de 1000 convenios suscritos por Coldeportes para las vigencias 2011 a 2017 (ejecutados o liquidados entre 2015 y 2018), para la construcción de infraestructura deportiva.
  • La supervisión y seguimiento a la ejecución de estas obras de infraestructura deportiva por parte de Coldeportes ha sido insuficiente y ha conllevado a incumplimientos de algunos contratistas.
  • Parte de las irregularidades encontradas en la ejecución de los convenios y contratos de obra, se dan por debilidades en materia de planeación, como la falta de estudios y diseños completos de los proyectos de infraestructura.
  • Falta también compromiso de las entidades territoriales para mantener y sostener los escenarios deportivos, algunos de los cuales son abandonados al ser culminados.
  • De 405 obras terminadas (incluyendo las liquidadas), la CGR encontró 391 en uso por parte de la comunidad.
  • El valor total de los convenios suscritos por Coldeportes es $1.8 billones, de los cuales, esta entidad aportó la suma de $1.6 billones, valor que representa el 89% de los recursos destinados para la infraestructura deportiva en todo el país.
  • La Actuación Especial de Fiscalización de la CGR se adelantó en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca (incluido Bogotá, D.C.), Chocó, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
  • Gracias al ejercicio de control fiscal realizado por la Contraloría General de la República, se lograron obtener beneficios de auditoria por $640 millones los cuales se lograron ajustar

 

Bogotá, 1 de noviembre de 2019.- Un total de 55 hallazgos fiscales por $11.399 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República en la Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre de 2019, a partir de una denuncia presentada en su momento por el entonces director de Coldeportes y hoy ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sobre las inversiones en infraestructura deportiva realizadas por esta entidad desde 2015 hasta 2018.

Para este efecto, el organismo de control puso su lupa desde febrero a la inversión de más de $1.6 billones aportados en este período por Coldeportes a distintas entidades territoriales, a través de convenios suscritos con las mismas, que sumaban $1.8 billones.

Los escenarios deportivos financiados con esos recursos fueron objeto de visitas especiales por parte de un equipo de expertos auditores de la CGR.

De los 1059 convenios suscritos por Coldeportes, por la suma de $1.8 billones, fueron evaluados por la Contraloría 548 ejecutados en 304 municipios del país, revisando la inversión de $959 mil millones aportados por esta entidad estatal.

Se revisó la ejecución de los recursos invertidos en infraestructura deportiva en Bogotá Distrito Capital y los departamentos de: Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guajira, Huila, Nariño, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Quindío, Santander y Valle del Cauca.

En el ejercicio de control fiscal que se adelantó en Bogotá D.C., se incluyó la revisión de 3 convenios interadministrativos suscritos entre Coldeportes y Fonade, Findeter y la Federación Colombiana de Fútbol, respectivamente.

En total la Contraloría General determinó la configuración de 257 hallazgos administrativos de los cuales 180 tienen presunta connotación disciplinaria, 55 tienen incidencia fiscal por $11.399.947.373,76, uno presunta connotación penal y en uno se solicitará el inicio de Indagación Preliminar-

Tres hallazgos tienen solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y otros 6 tienen otras incidencias.

Situaciones detectadas

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización realizada a Coldeportes, durante las vigencias 2015 al 2018, la CGR considera que la ejecución de los recursos invertidos en infraestructura deportiva, en el período evaluado, cumple parcialmente con los principios de igualdad, moralidad, eficacia economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y en términos generales con la normatividad legal vigente en materia contable, financiera y contractual, teniendo en cuenta que:

*Se evidencian deficiencias en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control.

*En los casos en que las cuentas bancarias generaron rendimientos financieros, fue generalizado que los entes territoriales no realizaran la devolución al Tesoro Nacional de estos recursos, tal como lo estipulaban los convenios respectivos; en algunos municipios la devolución se hacía de manera parcial, y otros están esperando la etapa de liquidación del convenio para realizarla.

*Se advierte debilidad en la planeación de los proyectos de infraestructura deportiva.

*Se detectaron proyectos de obra contratados por los municipios, pero incompletos en su documentación técnica (estudios y diseños). Lo anterior, a pesar que Coldeportes surte una etapa de viabilización técnica de los proyectos que los municipios le presentan para cofinanciar.

La Contraloría determinó que la supervisión y seguimiento a la ejecución de estas obras de infraestructura deportiva por parte de Coldeportes no es suficiente, toda vez que se le asigna a un profesional la supervisión simultánea de una gran cantidad de convenios, lo que denota que se presente una debilidad en el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución de los recursos que aporta Coldeportes. Lo anterior conlleva a que se presenten incumplimientos por parte de los contratistas y/o firmantes de los convenios de las obligaciones contraídas.

Falta de planeación afecta la ejecución de las obras

Se evidenció, igualmente, que parte de las irregularidades encontradas en la ejecución de los convenios y contratos de obras derivados, se dieron debido a que se presentaron debilidades en la planeación.

Antes de que las entidades territoriales iniciaran con los procesos de selección no se contaba con los estudios y diseños completos de los proyectos de infraestructura, lo cual origina que las obras no se ejecuten en los tiempos establecidos en los convenios y contratos de obra, poniendo en riesgo la inversión de los recursos y afectando a la comunidad, pues no se logra el disfrute de las obras.

Esta falta de planeación hace además que, una vez terminadas las obras, no se cuenta con un compromiso por parte del ente territorial en el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva y/o recreativa, el cual es un compromiso que adquiere tanto el municipio como Coldeportes, al ser este un requisito previo para acceder a los recursos de la Nación.

Adicionalmente, se evidenció abandono de las obras una vez son culminadas, lo que no garantiza la preservación y condiciones en buen estado de los escenarios deportivos construidos, generando el deterioro progresivo de las obras y dificultando la prestación eficiente y con calidad de estos.

En resumen, algunas de principales situaciones encontradas por la CGR son:

*Obras sin uso.

*Escenarios deportivos que requieren de obras adicionales para ponerlo en uso

*Baja calidad de algunas obras entregadas por los contratistas, que, en distintos niveles de afectación, dificultan el uso por parte de la población y limitan la durabilidad de las mismas.

*Se evidenciaron 14 proyectos de 562 revisados (2,5%), sin ningún avance de obra.

*Coldeportes le asigna a un profesional la supervisión simultánea de una gran cantidad de convenios.

*Coldeportes evidencia debilidad en el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución de los recursos que aporta en los convenios que celebra con los municipios.

*Incongruencia y falencia en la definición de los tiempos de la interventoría de las obras.

*Ausencia de mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva y/o recreativa.

*Abandono y falta de mantenimiento general por parte de Coldeportes y las entidades territoriales, que permita preservar en las mejores condiciones los escenarios deportivos construidos, generando con ello el deterioro progresivo de las obras y dificultando la prestación eficiente y con calidad de los escenarios deportivos.

Publicado el 01 nov 2019 11:15


Diagnóstico al PAE evidencia falta de recursos, deficiencias en dotación de restaurantes, así como problemas de calidad

COMUNICADO DE PRENSA No. 165

 

  • El diagnóstico del Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue realizado por la Contraloría General de la República, conjuntamente con la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción  -RedUVA.
  • Cambios al PAE proponen el organismo de control y las comunidades educativas de los departamentos que fueron objeto de este diagnóstico.
  • Los recursos son insuficientes para la cobertura total del programa durante el año escolar.
  • Los menús no se adecuan a las costumbres y culturas de cada región.
  • Conclusiones completas del documento de diagnóstico, por ejes temáticos.
  • La Contraloría activó la Red Nacional de Contralores Estudiantiles, que aspira a convertirse en un apoyo fundamental al seguimiento puntual que hace el organismo de control a la ejecución del PAE en las distintas regiones del país.

 

Bogotá, 29 de octubre de 2019.-La Contraloría General de la República, a través de la estrategia de Participación Ciudadana denominada “Control Fiscal Participativo”, entregó este martes las conclusiones del diagnóstico realizado, junto a la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción – RedUVA al Programa de Alimentación Escolar PAE en 31 municipios de 10 departamentos del país, donde se detectó que:

En un 37% la infraestructura de comedores es insuficiente, existe deficiencia en la dotación de los restaurantes y hay falta de seguimiento del programa

En un 35% no se cumplen los estándares de calidad, los insumos son insuficientes por parte de los operadores y los menús no cuentan con particularidades socioculturales y médicas de los niños.
En 18% se detectaron irregularidades en contratación y pagos, los operadores incumplen las condiciones de los contratos y existen deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control.
En un 6% se identificó insuficiencia de recursos para la adecuada operación del programa
Y en 4% no hay cobertura para 100% de los estudiantes durante el año escolar.

El documento se entregó al Ministerio de Educación Nacional, para que en el marco del proyecto de resolución por la que se busca modificar los lineamientos técnicos – administrativos, los estándares y condiciones mínimas del PAE, se convierta en insumo de la proyección del nuevo Programa de Alimentación Escolar y Política Nacional de Alimentación Escolar.

El diagnóstico se realizó a través de mesas de diálogo, visitas de campo y encuestas, así como la recolección de la percepción de la comunidad estudiantil, los gestores del programa, operadores, interventores, órganos de control y expertos de la academia.

Y se desarrolló en Amazonas, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Vichada y Bogotá.

El análisis evaluó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde cuatro ejes temáticos establecidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: calidad e inocuidad, cobertura y financiamiento, gestión territorial y transparencia; detectando como principales problemáticas que:

  • Los recursos son insuficientes para la cobertura total del programa durante el año escolar.
  • Los menús no se adecuan a las costumbres y culturas de cada región.
  • No se promueve el control social durante los procesos de contratación del PAE.
  • Existe deficiencia en la infraestructura de los restaurantes escolares y su dotación.

“Luego de intervenciones previas con las comunidades educativas que mostraron falencias reiterativas del programa de alimentación escolar, se priorizó para el año 2019 una evaluación estructural con la ciudadanía al programa. Así nació este diagnóstico, que hace parte de la estrategia denominada Control Fiscal Participativo, con la cual la Contraloría General de la República, vincula a la ciudadanía en la gestión y vigilancia a los recursos públicos, que para este caso se realiza a los procesos de administración pública del PAE”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Conclusiones y recomendaciones del diagnóstico al PAE por ejes temáticos
 

1.     Calidad e Inocuidad

Problemáticas encontradas

Las problemáticas que más se destacaron por sus características de riesgo para una buena implementación de la calidad e inocuidad de los alimentos en el PAE y que preocuparon a la comunidad participante son, la entrega de insumos insuficientes por parte del operador (63%), los complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas (57%), los menús que no tienen en cuenta particularidades médicas y socioculturales de los niños (50%), la inconformidad con las raciones y/o minutas establecidas en los lineamientos del MEN (42%), los víveres e insumos que no cumplen con condiciones de calidad (36%) y desperdicios de comida (29%) y por último, la inadecuada organización de horarios para el consumo de los complementos alimentarios con un 16%.

  • Complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas.
  • Inadecuada organización de horarios para el consumo de los complementos alimentarios.
  • Inconformidad con las raciones y/o minutas establecidas en los lineamientos del MEN.
  • Desperdicios de comida (especialmente verduras)
  • Menús que no tienen en cuenta particularidades médicas y socioculturales de los niños.
  • Los menús no incorporan alimentos producidos en la región.
  • Falta de conocimiento, apropiación y seguimiento del programa por parte de los distintos actores.
  • Comportamientos y conductas inapropiadas en el comedor por parte de los diferentes actores.
  • Entrega de insumos insuficientes por parte del operador (elementos de aseo y dotación del personal manipulador)
  • Fallas en la capacitación y cualificación del personal manipulador de alimentos.
  • Número insuficiente de manipuladores de alimentos asignado por el operador.
  • Víveres e insumos que no cumplen con condiciones de calidad.


Recomendaciones

El diagnóstico recomienda principalmente crear planes alimenticios que consideren la cultura de los departamentos:

  • Mejorar la calidad de los alimentos y el agua
  • Se deben generar planes alimenticios que consideren las diferentes culturas en los departamentos del país.
  • Se deben fortalecer las estrategias de vigilancia sanitaria por parte de los operadores del programa.
  • Se debe capacitar a los integrantes de la cadena de producción (manipuladoras, bodegueros, proveedores, etc) en buenas prácticas de manufactura - BPM y técnicas culinarias
  • Es importante considerar la contratación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
  • Se recomienda constituir veedurías al PAE por parte de estudiantes y profesores
  • Se debe fortalecer el conocimiento técnico en nutrición por parte de todos los actores involucrados en el PAE
  • Se evidenció la necesidad de generar políticas y leyes que garanticen la reducción del desperdicio de comida.
  • Se deben analizar los casos en los que los estudiantes tienen dietas especiales.

Se debe revisar particularmente el ciclo de minutas con enfoque diferencial en los municipios, por la heterogeneidad intercultural de algunos de los departamentos. Para ello se recomienda observar el comportamiento de consumo de la ración y escuchar las opiniones de los usuarios.

Ahora que se sancionó la ley 1990 de 2019, que crea la política de para prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos se requiere crear estrategias desde el MEN y las entidades territoriales para mitigar el desperdicio de verduras, que es el grupo de alimentos que menos consumen los escolares del PAE.

Se requiere analizar los casos en donde se requieran menús terapéuticos para la población que cuente con diagnósticos médicos. Igualmente, aquellos niños que han realizado transición a dietas veganas o vegetarianas o por motivos de credo.

Aunque desde los pliegos de condiciones para contratar el PAE ya se han incorporado acciones de compras locales agroalimentarias se requiere hacer ajustes a la normativa nacional de contratación pública para incluir las cadenas productivas cortas de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Para ello también se requiere analizar la reglamentación técnica para este sector productivo, por lo que se requiere estudiar los temas de estándares de calidad alimentaria.

Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos ETA identificados en diferentes operaciones del PAE en el país indican que se debe fortalecer las estrategias de vigilancia en salud pública en las entidades territoriales certificadas y no certificadas; aunque la responsabilidad sanitaria inicial recae en el operador del programa; por lo que se requiere establecer multas y sanciones, para glosar la factura cuando se confirme la enfermedad, de acuerdo al protocolo del Instituto Nacional de Salud –INS. 

2.     Cobertura y financiamiento

Problemáticas encontradas

Los recursos son insuficientes para garantizar la adecuada operación del programa. Por ejemplo, la mayoría de los ETC afirman que los recursos son insuficientes para cubrir lo que demanda la implementación adecuada del programa a lo largo de todo el periodo escolar. El PAE tiene problemas especialmente con los escolares de jornada única, los escolares de comunidades étnicas, aquellos en situación de discapacidad, los que han sido víctimas del conflicto armado y que se encuentran cursando preescolar. Situación que se ve agravada por fallas en el proceso de planeación, incluida la contratación del PAE, lo que se ha traducido en años anteriores en un inicio tardío del programa. 

Se evidencia que a niveles similares de cobertura, los costos promedio por estudiantes son muy distintos. De esta forma, si entre departamentos o ETC colindantes se asociaran para brindarle alimentación escolar a todos sus estudiantes, podrían aprovechar las economías de escala y con los mismos recursos aumentar la cobertura. Por ejemplo, si Huila se asocia con Tolima podría bajar su costo promedio de $2.630 a $1.739, con lo que lograría alimentar durante 171 días a todos los estudiantes huilenses.

Recomendaciones orientadas a avanzar aceleradamente hacia la cobertura universal

Los expertos recomiendan que las metas se expresen en términos de cobertura efectiva: En el Nuevo PAE se anuncia como meta de cobertura aumentar el número de beneficiarios de los 5.387.504 con los que se finalizó en 2018 a 7.000.000 millones. En sentido estricto, esta no es una meta de cobertura pues no se hace referencia al universo poblacional que se pretende cubrir. Por esta razón expertos recomendaron que las metas se formulen en términos de cobertura efectiva

Definir de forma prioritaria metas de cobertura universal sobre los segmentos de estudiantes prioritariamente focalizados: Esto implica que antes que aspirar a la cobertura de todos los matriculados oficiales, hay que garantizar que los grupos más vulnerables nutricionalmente y más propensos a la deserción escolar sean los primeros receptores del PAE.
 
Recomendaciones orientadas a aumentar la eficiencia del presupuesto destinado al PAE

Promover la asociación de ETC para reducir los costos promedio de servicio por estudiante beneficiario: Los expertos evidenciaron que hay un potencial de ahorro significativo de recursos si los ETC se asocian.

Aumentar la proporción de recursos canalizados por medio del SGR y el SGP: El propósito de reducir los costos promedio por estudiante es que los ahorros se traduzcan en mejoras de cobertura o calidad. Por ello hay que garantizar la trazabilidad de todos los recursos hacia estos propósitos. En esta medida, hay que privilegiar una participación creciente en la bolsa de recursos de aquellas fuentes mejor auditadas y controladas, como es el caso del Sistema General de Regalías (SGR) y el Sistema General de Participaciones (SGP).

Poner la información pública del PAE a disposición de la ciudadanía: En particular se refieren los expertos a la publicación oportuna de los informes trimestrales del PAE en la página web del Ministerio, así como la base de datos con la que fue construido dicho informe.

Recomendaciones orientadas a incrementar la concurrencia de fuentes de financiamiento

Invitar al sector privado y a los agricultores rurales a vincularse solidariamente al PAE: El sector privado y las cooperativas solo han sido vistos como potenciales operadores del programa. Sin embargo, por medio de programas de Responsabilidad Social Empresarial y estrategias de innovación social, estos pueden contribuir a la reducción de los costos de operación del PAE.

Fomentar la asociación con organismos multilaterales para la transferencia de conocimiento y recursos financieros: El Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial se han asociado con el fin de mejorar la cobertura y calidad de los programas de alimentación escolar, que a nivel mundial alimentan a más de 350 millones de niños y en Latinoamérica a más de 80 millones de niños. La cooperación entre el gobierno nacional, organizaciones multilaterales pueden hacer que Colombia obtenga asistencia técnica a partir de casos de éxito de otros países.

3.     Gestión Territorial

Problemáticas encontradas

La infraestructura de comedores escolares deficiente (102%), la deficiencia en la dotación de equipos de cocina, utensilios y menaje (92%), la falta de conocimiento, apropiación y seguimiento del programa por parte de los distintos actores (42%), los hábitos alimenticios inadecuados, las debilidades en la capacidad institucional para atender el programa (8%) y por último con un 6% varias problemáticas como, la contratación no oportunidad del operador para la prestación del servicio, las dificultades para prestar el servicio en zonas dispersas o alejadas y las fallas en la focalización de titulares de derecho.

  • Centralización del programa.
  • Dificultades en la atención de niños migrantes.
  • Dificultades para prestar el servicio en zonas dispersas o alejadas.
  • Disminución en la asignación de recursos para el PAE.
  • Fallas en la focalización de titulares de derecho.
  • Pocos recursos asignados al ente territorial.
  • Transferencia de recursos del ente territorial para bolsa común PAE.
  • Víveres e insumos que no cumplen con condiciones de calidad.
  • No existen controles de los beneficiarios del Programa.
  • Menús que no se adecúan al contexto cultural y  costumbres.
  • La no prestación oportuna, deficiencia o falta de garantía de los servicios públicos.
  • Infraestructura de comedores escolares deficiente y sin restaurante.
  • Inconformidad con cantidad de manipuladores establecida en lineamientos del MEN.
  • Inadecuada organización de horarios para el consumo de los complementos alimentarios.
  • Comportamientos y conductas inapropiadas en el comedor por parte de los diferentes actores.
  • Debilidades en la articulación del ETC con los Entes Territoriales no certificados.
  • Debilidades en la capacidad institucional para atender el programa.
  • Deficiencias en el mantenimiento y dotación de equipos de cocina, utensilios y menaje.
  • Fallas en la planeación del programa.
  • Hábitos alimenticios inadecuados.
  • Contratación no oportuna del operador para la prestación del servicio.
  • Falta de conocimiento, apropiación y seguimiento del programa por parte de los distintos actores.
  • Falta de continuidad del Programa.
  • Inseguridad en las instituciones educativas, ocasionando robo de los elementos del restaurante.
  • La comunidad educativa no conoce el PAE.

Recomendaciones

La deficiente infraestructura de establecimientos escolares y comedores o restaurantes-cocinas para la implementación del PAE, debe ser superada por el MEN y el Departamento de Planeación Nacional –DPN- en el país. Para acelerar el cumplimiento, se requiere de una Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia.

En cuanto a la infraestructura, esta no solo debe tener un alcance frente a la estructura física de los colegios sino de la dotación de equipos, menaje y todos los elementos necesarios para una puesta en marcha exitosa para la producción de alimentación.

El PAE debe mejorar su articulación con otras entidades públicas con alcance en salud, desarrollo social y agrícola, participando en mesas intersectoriales, para fortalecer las acciones propias del programa. 

Se deben contratar las interventorías al mismo tiempo del inicio de la ejecución del contrato PAE, como una medida de transparencia de la actividad contractual y para realizar paralelamente las acciones de supervisión y control del programa, de esta manera evitar desviaciones al proceso de suministro.

4.     Transparencia

Problemáticas encontradas

Irregularidades en la contratación de ecónomas        

  • Falta de garantías laborales.
  • No se les paga en los tiempos establecidos a los empleados.
  • No se les dan las garantías prestacionales.
  • En las relaciones laborales, no median contratos escritos.
  • No las afilian al ARL o seguridad social.
  • Información de contratos incompletos.
  • Remuneraciones económicas inferiores al salario mínimo a los empleados.
  • Inexistencia de lineamientos sobre remuneraciones o tipo de contratos del Ministerio de Educación.
  • Extensas jornadas laborales de 10 horas que no son remuneradas como se deben.

Operadores que no cumplen condiciones de operación del programa

  • Los operadores desconocen los contextos de los municipios en donde se presta el servicio.
  • Existe incumplimiento constante del operador en múltiples aspectos que se desarrollan en esta lista.
  • El operador tiene serias deficiencias en cuanto: 1. Materiales, 2. Equipos de transporte para el alimento, 3. Dotación para las cocinas.
  • Entregan los alimentos en mal estado o con fechas vencidas.
  • El no pago de la nómina, en especial a las ecónomas y a los transportistas.  
  • Falta de un horario específico para la entrega de los alimentos.
  • No se entregan los insumos necesarios para el aseo y manipulación de alimentos.
  • No se cuenta con el personal suficiente para desarrollar la actividad pertinente.
  • En cuanto a servicios básicos, el gas es escaso y muchas veces no es suficiente para la cantidad de niños a quienes se les presta el servicio.
  • La contratación no tiene garantías suficientes que obliguen al operador a cumplir con sus obligaciones.

Deficiencias en mecanismos de control y seguimiento

  • Las interventorías y los contratos del PAE no inician de forma simultánea.
  • Las planillas de los cursos no se alinean con el SIMAT y por ende existe desorden en los cursos.
  • Existen pocos medios para hacer control ciudadano.
  • Mala comunicación entre el operador y la comunidad educativa.
  • Los docentes son veedores, pero no están capacitados para serlo.

Dificultades relacionadas con la contratación del operador

  • No existe un manual de contratación para el PAE.
  • No se contempla un estudio de costos que permitan la ejecución adecuada del contrato.
  • Corrupción en procesos licitatorios. Donde el sancionado cambia su representante legal y su razón social para volver a participar en el proceso licitatorio. 
  • Operadores poco idóneos y sin experiencias por falta de los lineamientos, mencionados al inicio.

Compras locales mínimas o inexistentes

  • No se consumen productos de la región.
  • El operador no compra en el mercado local.
  • La compra de alimentos está centralizada a Bogotá en su mayoría.

Jornadas únicas irreales o deficientes

  • Colegios reportan que su funcionamiento se da por jornadas únicas que no existen.

Inconsistencias datos SIMAT

  • No es consistente el número de estudiantes en el colegio con los datos del SIMAT

El PAE no cumple con las expectativas de la población beneficiaria

  • No existe supervisión al PAE por parte de los veedores por lo que en lugares como Quibdó el PAE no cumple las necesidades de sus habitantes.

Recomendaciones

Para la Red Universitaria Anticorrupción -RedUVA es necesario que las Secretarías de Educación municipales se vinculen con la agencia Colombia Compra Eficiente (CCE), por medio de Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD). Esto permite que se eliminen costos de transacción, se disminuya la modalidad de contratación de compra directa. Al tiempo permite que se incremente la competencia y pluralidad en la oferta de bienes y servicios y, se fomente la transparencia durante el proceso licitatorio y la centralización de la demanda de alimentos en un sólo lugar.

Frente al incumplimiento constante de los operadores, también recomienda que las entidades contratantes implementen cláusulas sancionatorias en cada una de las actividades que realiza el contratista diferentes a las establecidas en la ley, tales como: aplicación de descuentos a los pagos destinados a los operadores y restricción de su postulación en próximas contrataciones a través de los informes del ejercicio de supervisión y/o interventoría realizado por las entidades competentes.

Para mejorar el cumplimiento y controlar el sistema logístico y productivo dentro del programa, se necesita la presencia de supervisores municipales en cada uno de los procesos. Los cuales, deberían realizar registros de entrega y recepción de los alimentos en cada una de las instituciones educativas, a su vez del peso neto de los productos, la supervisión de entregas mediante cámaras dentro de los vehículos o llevar registros de trazabilidad por medio de plataformas digitales.

En materia de ejecución del PAE, los directivos de los colegios deben establecer canales de comunicación directa con los operadores del programa para reportar de forma anticipada cambios en la jornada estudiantil o actividades extracurriculares. Con el propósito de coordinar de una manera más eficiente la entrega de mayor o menor cantidad de refrigerios, su contenido y su forma de presentación para finalmente, realizar los ajustes necesarios en los pagos por la prestación de estos servicios eventuales.

Audio relacionado

Publicado el 29 oct 2019 17:00


Este martes, Contraloría General presenta diagnóstico del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

COMUNICADO DE PRENSA No. 164

 

  • El diagnóstico cobija 10 departamentos del país y Bogotá.
  • A partir de una mesa de diálogo nacional, se buscará recoger compromisos institucionales, que permitan proyectar el nuevo Programa de Alimentación Escolar y la política nacional de alimentación escolar.
  • En el evento, encabezado por el Vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, se activará la Red Nacional de Contralores Estudiantiles, que hará seguimiento a los acuerdos que se suscriban en esta mesa de trabajo.

 

Bogotá, 28 de octubre de 2019.- En un evento que tendrá lugar este martes 29 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Hotel Wyndhan, en el occidente de Bogotá, el Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee, revelará las conclusiones de un diagnóstico realizado al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bogotá y en 31 municipios de 10 departamento del país (Bolívar, San Andrés, La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Cundinamarca, Quindío, Vichada, Nariño y Amazonas).

El diagnóstico, realizado por este organismo de control junto a la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción – RedUVA, identifica los problemas estructurales del PAE y sus principales causas.

Durante el evento se instalará una mesa de diálogo nacional con los Ministerios de Educación, Trabajo y Salud, la Procuraduría General de la Nación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unicef, la Veeduría Distrital, la Contraloría Distrital de Bogotá, la Universidad Nacional, RedUVA, secretarias de educación, operadores y comunidades educativas de 6 departamentos del país (Guajira, Norte de Santander, Chocó, Quindío, Vichada, Cundinamarca y Bogotá).

Dentro de la metodología planteada por la Contraloría General de la República, se buscará vincular a la comunidad en el desarrollo, gestión y vigilancia de los dineros públicos y los procesos de administración pública del PAE.

“Esta es una estrategia que nace desde las necesidades y peticiones ciudadanas, por lo que, a partir del Control Fiscal Participativo, se analizaron las problemáticas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), alrededor de 5 ejes temáticos: calidad e inocuidad, cobertura, focalización, gestión territorial y transparencia”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

En el proceso se logró identificar, valorar y verificar en campo las problemáticas del PAE y, con la presentación del diagnóstico obtenido, la Contraloría General de la República realizará un pronunciamiento oficial con los resultados y posteriormente un seguimiento de los compromisos y acciones que se desprenden del ejercicio deliberativo de mañana.

Se activa Red de Contralores Estudiantiles

En desarrollo del evento de presentación de las conclusiones del diagnóstico realizado al PAE, la Contraloría General de la República, a través de su Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, activará la red nacional de Contralores Estudiantiles, con los encargados de promover y actuar como veedores del buen uso de los recursos y los bienes públicos de 25 instituciones educativas, con quienes se realizará seguimiento a los acuerdos que se suscriban en la mesa de trabajo.

Así mismo, estudiantes de diferentes instituciones educativas de los departamentos Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Norte de Santander, Quindío, Vichada, y Bogotá, presentarán el estado del PAE en sus respectivas regiones.

En desarrollo de la presentación del “Diagnóstico Perceptivo sobre el PAE”, el Director del Departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional, Jhon Jairo Bejarano Roncancio, y el profesor Jhon Mauro Perdomo Munévar, de la Facultad de Ciencias Económicas, presentarán los capítulos “Calidad e inocuidad y gestión territorial” y “Cobertura y financiamiento”.

Y, por su parte, la Red Universitaria Anticorrupción – RedUVA, presentará el capítulo denominado “Transparencia”.

Finalmente, los asistentes al evento realizarán la suscripción de compromisos y propuestas como alternativas de solución a las deficiencias encontradas, para proyectar el nuevo Programa de Alimentación Escolar y la Política Nacional de Alimentación Escolar.

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Publicado el 28 oct 2019 18:00


Alerta la Contraloría: un Alcalde electo deberá solucionar sus obligaciones fiscales, para poderse posesionar

COMUNICADO DE PRENSA No. 163

 

  • Y se espera la definición de los Concejales electos, para verificar la situación de 11 aspirantes que aparecen reportados en el Boletín de Responsables Fiscales.
  • Las inhabilidades de los candidatos que resultan electos, tienen un grave efecto económico: unos $64 mil millones le han costado al país las 95 elecciones atípicas a alcaldías, concejos, gobernaciones, JAL y algunas consultas, realizadas en los últimos 8 años (entre 2011 y 2018).
  • La Contraloría General de la República recibió y atendió 106 denuncias y orientaciones electorales, en los comicios regionales celebrados ayer.

 

Bogotá, 28 de octubre de 2019.  Un alcalde electo en los comicios regionales de ayer deberá solucionar sus obligaciones fiscales para poderse posesionar en este cargo, alertó hoy la Contraloría General de la República.

Por otra parte, el organismo de control está a la espera que se conozcan la totalidad de concejales electos, para verificar la situación de 11 candidatos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, precisó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Antes de los comicios, la Contraloría General de la Republica realizó un cruce de los números de cédula de los candidatos a cargos de elección popular con el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales, determinando la existencia de un total de 16 coincidencias, o sea que aparecen incluidos en el mismo.

Quien haya sido declarado responsable fiscalmente es inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los 5 años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesa cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del Boletín de Responsables Fiscales.

El lastre económico de las elecciones atípicas

A propósito del tema de los inhabilidades que puedan llegar a tener algunos funcionarios electos ayer, por tener deudas con el Estado, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana llamó la atención sobre el hecho de que en los últimos 8 años (2011-2018) se hayan tenido que realizar 95 elecciones atípicas a alcaldías, concejos, gobernaciones, JAL y algunas consultas, que le han costado al país $64 mil millones ($64.487.867.498,20), siendo los tres años con mayor afectación para los colombianos 2013 ($ 31.267.995.694,00), 2016 ($  9.578.336.861,00) y 2018 ($13.494.064.179,20), como se aprecia en los siguientes cuadros:

 

ELECCIONES ATIPICAS

AÑO

VALOR

2011

83.393.097,00

2012

98.133.923,00

2013

31.267.995.694,00

2014

5.524.067.830,00

2015

41.478.100,00

2016

9.578.336.861,00

2017

4.400.397.814,00

2018

13.494.064.179,20

TOTAL

64.487.867.498,20

 

 

 

 

 

DELEGACION

ELECCIONES

Concejo

Consulta

Gobernación

JAL

Alcaldía

ANTIOQUIA

10

 

1

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

CUNDINAMARCA

5

 

 

 

 

5

GUAVIARE

1

 

1

 

 

 

HUILA

5

 

1

1

1

2

MAGDALENA

7

2

 

 

1

4

PUTUMAYO

3

 

1

 

1

1

NARIÑO

2

 

 

 

 

2

QUINDIO

1

1

 

 

 

1

CÉSAR

3

 

 

 

 

3

BOLIVAR

12

 

 

 

2

10

BOYACÁ

6

 

 

 

1

5

CASANARE

4

 

1

1

1

1

RISARALDA

1

 

 

 

1

 

TOLIMA

4

 

1

 

 

3

CALDAS

4

 

 

1

 

3

CAQUETA

2

 

 

 

 

2

SUCRE

4

 

 

 

 

4

SANTANDER

2

 

 

 

1

1

CHOCO

2

 

 

1

 

1

ATLANTICO

2

 

 

 

 

2

CORDOBA

4

 

 

 

 

4

CAUCA

3

*

1

 

 

*1

META

2

1

 

 

 

1

VALLE

2

 

 

 

1

1

GUAJIRA

2

 

 

2

 

 

N. SANTANDER

1

 

 

 

 

 

AMAZONAS

1

 

 

1

 

1

TOTAL

95

4

7

7

11

65

 

 

106 denuncias y orientaciones electorales recibió y atendió la CGR

Unas 106 denuncias y orientaciones electorales recibió y atendió ayer la Contraloría General de la República, en las mesas de justicia de los puestos de votación más concurridos de los 32 departamentos, de las 20 localidades de Bogotá y a través del Puesto de Mando Unificado PMU del Ministerio del Interior.

En el marco de la estrategia “Elecciones 2019 transparentes y de cara a la ciudadanía”, los funcionarios de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana de las Gerencias Departamentales de la CGR recibieron un total de 21 derechos de petición y 53 orientaciones a peticiones ciudadanas que no eran competencia de la entidad.

En Bogotá, a través de los funcionarios de la Contraloría dispuestos para la atención ciudadana en cada una de las localidades de la ciudad, se realizaron 11 orientaciones ciudadanas sobre delitos electorales, agregó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

 “Desde la Contraloría General de la República acompañamos el proceso electoral regional de este 27 de octubre, atendiendo las denuncias electorales y orientaciones relacionadas con hechos que pudieran afectar el patrimonio público. Dispusimos personal en los 32 departamentos y en cada una de las localidades de Bogotá, así como en el puesto de votación censo de Corferias”, señaló Pineda Téllez.

74 Denuncias recibidas a través del Puesto de Mando Unificado del Mininterior

Por otro lado, el Ministerio del Interior comunicó a la Contraloría General de la República que se recibieron 74 denuncias a través del Puesto de Mando Unificado - PMU y se notificó el traslado de 21 denuncias adicionales, que hará llegar la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral URIEL y serán evaluadas por la Dirección de Atención Ciudadana de la CGR.

“De acuerdo al reporte del PMU, en total se recibieron 7.866 denuncias, y de ese total 2,1% fueron trasladadas a la CGR, que las tramitará, de acuerdo a los procedimientos establecidos, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana”, dijo Pineda Téllez.

Para estas elecciones regionales, la Contraloría General de la República formuló la estrategia “Elecciones 2019 transparentes y de cara a la ciudadanía”, con la cual se formuló un piloto de atención de denuncias por parte del organismo de control, como parte del Comité Nacional de Seguimiento de los Procesos Electorales, y además se informó a la ciudadanía sobre la importancia de votar con pleno conocimiento por los candidatos que no tengan deudas con el Estado, y de esa manera evitar que se necesiten elecciones atípicas en el país.

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Publicado el 28 oct 2019 14:00