Boletines de Prensa - 2020

Transición no puede afectar atención de la población: Contralor urge a Gobernador de San Andrés y operador del Hospital local que garanticen continuidad de servicios de salud

COMUNICADO DE PRENSA No. 101

 

  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba pide que por ninguna circunstancia se vaya a afectar la prestación de los servicios de salud, mientras se formaliza la puesta en marcha de la nueva Empresa Social del Estado de carácter departamental.
  • Urge también para que paguen de manera oportuna las deudas que se tienen con los médicos especialistas de la isla, que hoy ascienden a $6.182 millones. 
  • Además, el jefe del organismo de control solicita al gobierno nacional que invierta los recursos en insumos que se requieren para la atención de la pandemia. 
 

Bogotá, 2 de agosto de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, urgió hoy al Gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, y a la IPS Universitaria – Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia-, que garanticen los servicios de salud de la población isleña, como es su obligación, evitando por todos los medios la afectación en la prestación de los mismos, mientras se formaliza la consolidación jurídica y la puesta en marcha de la Empresa Social del Estado de carácter departamental creada por la Ordenanza No. 05 del 29 de julio de 2020. 

El Gobernador Hawkins suscribió un otrosí al contrato de administración 1134 de 2017, que en su momento se firmó con la IPS de la Universidad de Antioquia. La anticipada terminación del contrato del operador que administra el Hospital de San Andrés amenazaba con que hoy, en plena pandemia y en momentos en que la misma autoridad departamental decretó alerta roja por el número de pacientes 

contagiados y con los médicos especialistas de la isla sin recibir pagos hace varios meses, el panorama de salud se pudiera tornar absolutamente crítico. 

“Es necesario recordar que dada la situación por la que atraviesa el país ante la pandemia, se hace evidente la necesidad de llevar a cabo este período de transición evitando, a toda costa, la interrupción en la prestación de los servicios de salud, e igualmente garantizando mediante una adecuada gestión fiscal, coordinada y articulada por parte de la Gobernación y la IPS, que se honren las deudas adquiridas, principalmente con el talento humano”, insistió el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 

La Contraloría General de la República, ha venido actuando de tiempo atrás sobre la problemática de salud en la isla, y, fue así como, en el 2019 llevó a cabo una Actuación Especial de Fiscalización que generó hallazgos con incidencias fiscales por $1.774.874.861. 

Uso adecuado de los recursos públicos 

Frente a las acreencias informadas a la Contraloría General de la República por parte de los médicos especialistas, en cuantía de $6.168 millones, el Contralor General consideró necesario que la administración del Departamento y la IPS Universitaria, desarrollen las gestiones fiscales pertinentes a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, sin menoscabo del ejercicio de las actuaciones fiscales a que haya lugar en la oportunidad necesaria por parte de la CGR, con el fin de impedir una eventual pérdida de los recursos públicos. 

Equipos de diagnóstico obsoletos 

Con motivo de denuncias recibidas por la Contraloría, se ha obtenido evidencia de la obsolescencia de los equipos de diagnóstico, que requieren de una intervención urgente para la prestación del servicio de radiología.  

En este sentido, la Contraloría espera una especial diligencia por parte del gobierno departamental. Además, insta al Ministerio de Salud y Protección Social, en la medida en que la normatividad lo permita, a aunar esfuerzos con el departamento para suministrar los elementos que considere necesarios para mitigar los efectos de la pandemia, gestionando lo pertinente para proveer los ventiladores que requiera el Hospital de San Andrés, en aras de afrontar la crisis generada en la isla por el coronavirus. 

Es importante señalar que el monitoreo permanente de todas las necesidades que tenga el rchipiélago, así como de las medidas y decisiones a asumir por el gobierno departamental en materia de salud, son competencia del Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que de la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que no deben escatimar esfuerzos a fin de garantizar la prestación de los servicios de Salud a la población sanandresana. 

Publicado el 02 ago 2020 12:00


84 proyectos del Fondo Adaptación, por más de $410 mil millones, están en situación de alto riesgo, alerta la Contraloría General de la República

COMUNICADO DE PRENSA No. 100

Imagen puente en obra en Gramalote, Norte de Santander

  • Proyectos de vivienda y salud son los que generan las mayores alertas. 
  • Las alertas más relevantes cubren proyectos que se desarrollan en municipios de los departamentos de Sucre, Chocó, Nariño, Atlántico, Magdalena, Norte de Santander, Cundinamarca, Risaralda y Cauca. 
  • Tres meses le quedan al contratista a cargo de la construcción de viviendas del nuevo municipio de Gramalote (Norte de Santander), para concluir este proyecto. 

 

Bogotá, 31 de julio de 2020.- La Contraloría General de la República ha identificado 84 proyectos del Fondo de Adaptación, en situación de alto riesgo, por valor superior a los $410.000 millones. 

Desde el punto de vista social, los que más preocupan son 51 proyectos para la construcción de vivienda, por $208.000 millones. 

El organismo de control señala, también, un riesgo de perjuicio al patrimonio público por $43.000 millones comprometidos en 14 proyectos del sector educación que hoy están en veremos. 

Los demás proyectos del Fondo en situación de alto riesgo se distribuyen así: 

*7 en el área de la salud, por $59.000 millones. 

*5 en el frente de mitigación de riesgo, por $78.000 millones. 

*5 para la provisión de agua potable, por $9.000 millones. 

*2 para el sector transporte, por $10.000 millones. 

Suspensiones por el Covid y proyectos vencidos, en Vivienda 

Las contingencias generadas por el Covid-19 ha llevado al Fondo Adaptación a suspender la ejecución de 10 proyectos en el sector de vivienda por más de $30.000 millones. 

Sin embargo, la cifra de los que están vencidos por otras causas, en este mismo sector, son 46 por más de $133.000 millones. Y actualmente solo están en ejecución 8 por $100.633 millones. 

Los siguientes son los ejemplos más relevantes de las alertas que ha emitido la CGR sobre proyectos del Fondo Adaptación en los sectores de Vivienda, Agua Potable, Educación, Salud, Transporte. Y adicional el caso del municipio de Gramalote (Norte de Santander): 

Alertas sobre proyectos de vivienda  

*En el municipio de Sucre (departamento de Sucre), la CGR ha alertado sobre el riesgo de un contrato para la construcción de 355 casas, donde la ejecución ha sido apenas del 7%. 

 *En el Carmen del Darién (Chocó), se ha encontrado apenas un avance físico del 37% en la construcción de 947 viviendas que debían estar listas el 28 de junio de 2019 y para las que han sido destinados $10.914 millones. 

El proyecto se encuentra vencido. Presenta un desfase respecto al cronograma de obras del 63%y ha transcurrido el 160% del plazo original del contrato. 

El caso de Gramalote (Norte de Santander) 

Vivienda en construcción, Gramalote, Norte de Santander

Otro proyecto que reviste un enorme interés público y sobre el cual ha emitido alertas la CGR es la construcción de las 1.007 viviendas para Gramalote (Norte de Santander), población que debió ser reubicada por causa de una contingencia generada por la naturaleza. 

El proyecto, que vale más de $67.000 millones, comenzó en 2.016 y hasta el pasado 30 de junio habían sido construidas 844 casas. Y le quedan tres meses al contratista para concluirlo. 

Construcción Viviendas en Gramalote

Alertas sobre obras para provisión de agua potable  

*La construcción del acueducto para Linares (Nariño), está en riesgo de convertirse en un elefante blanco porque, según el contrato, cuenta apenas con un mes de plazo para estar concluido y su avance físico ha sido apenas del 16%, lo que no justifica los más de $3.000 millones invertidos. 

*Una situación similar se presenta en Samaniego, en el mismo departamento, donde un contrato, por cerca de $2.300 millones, libra una carrera contra el cronómetro porque el plazo para que termine su ejecución vence dentro de dos meses y apenas lleva el 32%. 

Foto alertas sobre provisión de agua potable, río en Gramalote

Alertas sobre obras para Educación 

*La Contraloría encontró en Manatí (Atlántico), una IE, para la que están destinados más de $6.000 millones, con un avance de apenas el 15% y con el agravante de que el contratista ha solicitado la terminación y liquidación bilateral del contrato. 

*La construcción del Colegio Comunal Agropecuario de El Banco (Magdalena) ha sufrido 26 suspensiones y están en riesgo los más de $4.000 millones destinados para edificarlo. 

*Una situación semejante presenta la obra de la Institución Educativa “Antonio Brujes”, de Santa Ana (Magdalena) que vale $3.800 millones. 

Alertas en Salud 

En Tibú (Norte de Santander) el Centro de Salud que compartirá con el corregimiento La Gabarra tiene un 68% de ejecución y el contrato, por $5.400 millones, se encuentra suspendido. 

*Los habitantes de La Vega (Cundinamarca) esperan hace tres años su hospital de primer nivel, para cuya construcción fueron destinados cerca de $10.400 millones. Hoy tiene apenas una ejecución del 36% y se encuentra suspendido. 

Alertas sobre obras de Transporte 

*El Puente Limones, sobre la vía La Virginia-Apía-Risaralda, sufre el vencimiento del plazo para la ejecución del proyecto que vale más de $5.200 millones. 

*También está vencido en plazos el proyecto para la construcción de la vía Popayán-Guadalejo, en el departamento del Cauca, por $5,268 millones, iniciado en 2015. 

Publicado el 31 jul 2020 09:00


Contraloría analiza su evolución: A la fecha, recursos presupuestados para atender emergencia decretada por Covid-19 ascienden a $29.8 billones de pesos

 COMUNICADO DE PRENSA No. 099

 

  • Esta es una cifra que registra el boletín semanal con corte al 23 de julio que publicará desde ahora la CGR en su página web, analizando la evolución de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional, en la actual emergencia. 
  • La Contraloría ha emitido 495 alertas por presuntos sobrecostos en contratos Covid, por un valor total de $506.000 millones.  
  • Las modernas herramientas tecnológicas que utiliza ahora la CGR y el control preventivo y concomitante que ejerce, han permitido que se alcancen beneficios económicos para el patrimonio público por $33.112 millones, de los cuales $12.825 millones han sido obtenidos por diez gobernaciones. 
  • Hospital de El Dorado (Meta) y algunos de Cartagena encabezan Top 10 de infraestructuras hospitalarias de segundo y tercer nivel críticas, que a la fecha no se han entregado. Cauca, Huila, Córdoba, Santander, Nariño, son otros departamentos con hospitales en esta situación. 
  • En webinar en vivo, convocado por la Contraloría, el experto Carlos Francisco Fernández, Asesor Médico de la casa editorial El Tiempo, dice que Colombia está en una fase de aceleración de la pandemia y el pico debe darse entre 2 y 3 semanas. 

 

Bogotá, 29 de julio de 2020.- La Contraloría General de la República comenzará a publicar su página web (www.contraloria.gov.co) sus boletines sobre la evolución de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para atender el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado en todo el territorio Nacional desde el 17 de marzo pasado para enfrentar la emergencia por la pandemia Covid-19. 

Según las cifras recogidas por la Contraloría, que serán publicadas en un primer boletín, el Gobierno Nacional estima un paquete económico para enfrentar la crisis por un valor aproximado a los  $117 billones de pesos, equivalente al 11% del PIB y, con corte al 23 de julio de 2020, los recursos presupuestados para atender la emergencia ascienden a $29.8 billones de pesos, de los cuales $0.9 billones corresponden a reasignaciones de presupuesto ya existente y los restantes $28.9 billones a nuevos recursos adicionados al Presupuesto General de la Nación. 

De igual manera, el FOME cuenta con apropiaciones por $25.53 billones de pesos, generación de CDP por el orden de $12.63 billones de pesos, compromisos por $6.51 billones de pesos, obligaciones por $4.99 billones de pesos y pagos por $4.98 billones de pesos, recursos equivalentes al 2.3 % del PIB. 

 

El organismo de control monitorea las decisiones del Comité de Administración del FOME, la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, y de las distintas entidades que ejecutan recursos para atender la emergencia.  

Al hablar en un webinar en vivo sobre la forma de cuidar los recursos públicos en la pandemia, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, mencionó las cifras que ha recogido la CGR sobre recursos dispuestos para la emergencia decretada por el Covid-19 y, de paso, reveló un Top 10 de Infraestructuras Hospitalarias consideradas en estado crítico: 

 

 

Alertas por presuntos sobrecostos en  contratos Covid, por $506.000 millones. 

También intervino en el webinar #CuídateYCuidaLosRecursosPúblicos la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana Acevedo. Habló, entre otros temas, de las alertas de la CGR por presuntos sobrecostos en contratos Covid. 

En desarrollo del seguimiento preventivo que realiza la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), ha analizado 68.030 contratos por $5,3 billones suscritos en el marco de la urgencia manifiesta por el Covid-19, precisó. 

El 49 por ciento de los contratos relacionados con el Covid-19 han tenido por objeto la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad por $2,44 billones. 

La Contraloría ha emitido 495 alertas por presuntos sobrecostos en contratos cuyo valor total es de $506.000 millones.  

Beneficios económicos obtenidos por Gobernaciones y Alcaldías 

Producto de las alertas generadas por la CGR, varias entidades han renegociado sus contratos, terminando algunos de manera anticipada y/o reduciendo el valor del daño fiscal generado de los sobrecostos. Es así como se han logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $33.112 millones. 

De esta cifra, $12.825 millones corresponden a beneficios obtenidos por 10 Gobernaciones, así: 

 

*Gobernación del Valle del Cauca ($6.701 millones) 

*Gobernación del Chocó ($2.163 millones) 

*Gobernación de Nariño ($1.074 millones 

*Gobernación de Casanare ($930 millones) 

*Gobernación de Sucre ($668 millones) 

*Gobernación de Tolima ($574.095.000) 

*Gobernación de Norte de Santander ($262 millones) 

*Gobernación de Guainía ($189 millones) 

*Gobernación del Meta ($146 millones) 

*Gobernación del Quindío ($102 millones 

En cuanto a entidades del orden nacional, se destaca la Armada Nacional (con beneficios por $652 millones). 

Y obtuvieron beneficios dos Empresas Sociales del Estado (ESE): 

*Red de Salud del Oriente ESE, de Cali ($514 millones) 

*Hospital San José de Tierralta, Córdoba ($33 millones) 

Los beneficios recibidos por Alcaldías ascienden a $19.090 millones: 

 

 

Las Alcaldías con mayores beneficios han sido: 

 

*Uribia, La Guajira ($5.773 millones) 

*Barranquilla ($5.120 millones) 

*Soledad, Atlántico ($2.194 millones) 

*Medellín ($1.030 millones) 

*Sabaneta, Antioquia ($838 millones) 

*San Andrés ($728 millones) 

*Popayán ($470 millones) 

*Sincelejo ($319 millones) 

*Guaduas, Cundinamarca ($309 millones) 

*Barrancabermeja, Santander ($220 millones) 

*Acacías, Meta ($220 millones) 

Publicado el 29 jul 2020 20:30


Alertas de la Contraloría por 4 obras de infraestructura hospitalaria en riesgo, donde se invierten $25.663 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 098

Foto de dron, Hospital Samaritana en Bogotá, muestra de Infraestructura, posee problemas en la ejecución contractual de infraestructura

Foto dron Hospital Samaritana, Bogotá

  • Las alertas tienen que ver con los Hospitales de Villa Rica (Cauca), Santa Ana de Muzo (Boyacá), La Samaritana de Bogotá y Regional Norte de Sardinata (Norte de Santander). 
  • Las obras sobre las que la CGR puso la lupa, muestran desfases en su ejecución y han sufrido varias suspensiones y prórrogas. 

Bogotá, 28 julio de 2020-. En un ejercicio de seguimiento preventivo, la Contraloría General de la República emitió alertas por la construcción de 2 hospitales en alto riesgo, por valor de $17.354 millones, y por adecuaciones atrasadas de otros dos centros hospitalarios, en este segundo caso por $8.309 millones, para un total de $25.663 millones. 

La primera alerta se refiere a la reubicación del Hospital Nivel I de Villa Rica (Cauca) y la segunda al proyecto de construcción de la nueva sede para la ESE Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá).  

En cuanto a las adecuaciones que muestran atrasos, tienen que ver con el Hospital La Samaritana, de Bogotá, y el Hospital Regional Norte ubicado en Sardinata (Norte de Santander). 

Hospital de Villa Rica (Cauca) y ESE Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá) 

Foto de dron HOSPITAL VILLA RICA CAUCA, problemas en la ejecución contractual de su infraestructura, Actualmente se encuentra suspendido.52% del tiempo del contrato transcurrido. Presenta un desfase del 10%

Foto dron Hospital Villa Rica, Cauca

En el caso del Hospital de Villa Rica (Cauca), actualmente el contrato (por valor de $7.138 millones) se encuentra suspendido. Transcurrido un 52% del tiempo del mismo, presenta un desfase del 10% y un avance financiero del 20%. 

Este contrato de obra (No.  1934 de 2019) fue suscrito por la Gobernación del Cauca con RL Esdras MD Ingeniería SAS e involucra recursos de regalías. 

En lo que respecta a la construcción de la nueva sede de la ESE Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá) (por valor de $10.769 millones), el avance físico ejecutado es del 3% cuando lo planeado era del 5%. Va transcurrido un 51% del contrato y completa más de 60 días entre prórrogas y suspensiones. 

La Alcaldía de Muzo contrató para la ejecución de esta obra al Consorcio Miramontes Muzo 2010. El proyecto aúna esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá, la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia, el municipio de Muzo y el Hospital Santa Ana. 

Foto de dron de HOSPITAL SANTA ANA MUZO BOYACÁ. Presenta un avance físico planeado del 5% vs avance físico ejecutado del 3%., posee más de 60 días entre suspensiones y prórrogas.

Foto dron Hospital Santa Ana de Muzo, Boyacá

Atrasos en obras de adecuación 

Hay también dos alertas por la construcción de adecuaciones de igual número de hospitales en alto riesgo, por valor de $8.309 millones. 

Estas alertas se refieren a las adecuacionesdel Hospital Universitario de la Samaritana, en Bogotá (por $1.398 millones), y del Hospital Regional Norte del municipio de Sardinata (Norte de Santander), por $6.911 millones (incluyendo una adición de $534 millones. 

Hospital La Samaritana, de Bogotá 

La obra de adecuación se encuentra suspendida por el tema del Covid-19, ya que todavía no se han implementado los protocolos de bioseguridad. 

Tiene como fecha de terminación el 16 de septiembre de 2020, lo que significa que se ha consumido un 77% del tiempo del total del plazo. Inicialmente se tenía previsto que se terminara el 2 de mayo del presente año. 

Presenta un desfase del 73% y completa más de 130 días entre suspensiones y prórrogas. 

El objeto de este contrato es el mantenimiento correctivo y adecuaciones de las obras civiles necesarias para la realización de los cambios generales de cubiertas en las áreas asistenciales y administrativas en la ESE Hospital Universitario de La Samaritana, mediante el sistema de contratación de precios unitarios fijos. 

El contrato fue suscrito con Enid Pilar Castillo Caicedo. 

Hospital Regional Norte, de Sardinata (Norte de Santander) 

El avance físico planeado era del 8% y va en la mitad (4%), lo que indica un desfase en este mismo porcentaje. 

Va transcurrido un 45% del contrato. Y entre suspensiones y prórrogas completa más de 65 días. 

Para adelantar este proyecto, la ESE Hospital Regional Norte contrató al Consorcio IPS Sardinata R/L Pablo Alejandro Chaustre. 

El objeto de este contrato es la ejecución del proyecto denominado “Reposición del Modelo Integral de Atención en Salud en los Puntos de Atención Extramural Tibú-IPS Sardinata” (Nivel I). 

Publicado el 28 jul 2020 08:30


Contraloría iniciará actuaciones fiscales en contra de EPS, por retraso en la entrega de resultados de pruebas Covid-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 097

Imagen de pruebas de COVID-19 en foco macro.

  • “Un diagnóstico que supere los 3 días, no tiene razón de ser”, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  • Las irregularidades que se han conocido corresponden a la no toma de pruebas y a la demora en la entrega de resultados entre 3, 15 y 72 días.
  • La falta de coordinación de las EPS con sus laboratorios, da lugar a represamiento en los diagnósticos.
  • También se ha advertido que no hay comunicación oportuna de los resultados a los pacientes.
  • La demora en la entrega de los resultados está generando que no se refleje la situación real de contagios.

 

Bogotá, 25 de julio de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó hoy a los Gobernadores y Alcaldes, así como a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), por las demoras que se están presentando en la entrega de resultados de las pruebas Covid-19, que llegan -en casos extremos- hasta los 72 días, lo que impide conocer a tiempo las cifras reales de contagios e invalida el uso oportuno de los mismos.

“Esta situación trae como consecuencias no solo el riesgo de pérdida de vidas, sino que a la vez podría configurarse en un detrimento de recursos públicos, por lo que vamos a adelantar las correspondientes actuaciones fiscales a que hubiere lugar sobre las EPS en todo el país, en los casos en los que los resultados fueron procesados después de 72 horas luego de tomada la muestra y/o se compruebe que además no fueron comunicados oportunamente a los pacientes”, advirtió el Contralor.

Para el jefe del organismo de control, “un diagnóstico que supere los 3 días no tiene razón de ser para el ciudadano, como tampoco para las autoridades de planeación y vigilancia, perdiéndose así importantes recursos de todos los colombianos”.

Así no se puede reflejar la situación real de contagios

La Contraloría General de la República, como máximo organismo fiscalizador de los recursos públicos iniciará las indagaciones fiscales de rigor contra las EPS, toda vez que reciben recursos públicos.

Se ha evidenciado que la falta de coordinación de las EPS con sus laboratorios, está generando represamiento en los diagnósticos, no pudiendo reflejar así la situación real de contagios e impidiendo con ello la toma de decisiones de control epidemiológico, lo que de alguna manera puede incidir en el aumento de cifras de la pandemia.

La Contraloría observa con preocupación el desaprovechamiento e inoportunidad en gestión y uso de los recursos del Sistema de Salud, los de la Unidad de Pago por Capitación corrientes y extraordinarios, como también las otras fuentes del Presupuesto General de la Nación. Ante lo cual, en el marco de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal, adelantará las acciones de fiscalización pertinentes sobre los actores involucrados.

Recursos girados a las EPS

La CGR llegó a la decisión de tomar acciones contundentes en este tema, tras recibir diferentes quejas ciudadanas y evaluar las cifras de los recursos girados a las EPS que indican los informes de la Superintendencia Nacional de Salud.

De acuerdo con la entidad que ejerce funciones de vigilancia, inspección y control a los actores que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en el 2019 las entidades aseguradoras del sector salud alcanzaron ingresos superiores a los $68,6 billones, con $5.6 billones más que el año inmediatamente anterior; y los prestadores públicos y privados reportaron ingresos por $66,3 billones.

Así mismo, en el trimestre marzo a mayo de 2020, las IPS recibieron $10.4 billones por servicios de salud, de los cuales $7,9 billones fueron para la red privada y $2,5 billones para la red pública.

Procesamiento de pruebas

Los informes de la Supersalud, con corte al 30 de junio de 2020 y reportes de 55 laboratorios adscritos a la Red Nacional de Laboratorios de un total de 65, indican que estos que cuentan con una capacidad de procesamiento de 19.592 muestras diarias, pero en promedio utilizan el 75%.

Según la Superintendencia, la mayor capacidad de procesamiento de pruebas está en Bogotá con 55%, seguida por departamentos de Antioquia con el 22%, Atlántico con el 5% y Valle del Cauca con 4.5%; y frente al tiempo de entrega de resultados, el promedio está en 3 días, aunque se encontraron tiempos extremos de 72 días.

Publicado el 25 jul 2020 13:00