Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 65

 

Contraloría General emite alertas por cerca de 1 billón de pesos en el sector de Minas y Energía

 

Pieza gráfica con el titular del comunicado con ilustración de ícono que representa las Minas y energías y fotografía de energía de la NASA

 

 

  • Miles de activos de la Nación no tienen el registro de administrador correspondiente. 

 

  • Se presentan esquemas que no garantizan la sostenibilidad de los proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos donde se han invertido millonarios recursos. 

 

  • Se detectó también que el no cobro de la contribución especial en los contratos de obra pública es recurrente en varias entidades. 

 

  • Falta de gestión jurídica para acometer procesos de cobro tiene en riesgo de pérdida millonarios recursos públicos. 

 

  • Estas alertas se emiten por un cruce de información de la Contraloría Delegada de Minas y Energía con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). 

 

Bogotá, 15 de junio de 2021.- El nuevo marco del control fiscal establecido para la Contraloría General de la República, promulgado en el Acto Legislativo No. 04 de 2019, faculta a este organismo de control para ALERTAR a las oficinas o unidades de control interno sobre aquellas situaciones que denoten POSIBLE RIESGO O PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS con el fin de que focalicen el ejercicio de sus funciones, para lo cual podrán tomar las medidas que estimen necesarias. 

 

Igualmente, establece un Sistema de Alertas de Control Interno que tiene por objeto registrar la información originada en el control multinivel del gasto público, en sus dos primeros niveles: el interno y el de fiscalización externa ejercida por la Contraloría General de la República, desde la perspectiva de la administración del riesgo a través de alertas recíprocas, con el fin de promover sinergias entre el control interno y el seguimiento permanente al recurso público y materializar así el ejercicio del control fiscal preventivo y concomitante. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía en desarrollo de varias Actuaciones Especiales de Fiscalización y de Auditorías Financieras realizadas en el primer semestre de este año, estableció situaciones administrativas en 7 de las entidades vigiladas que le llevó a establecer 10 alertas de control interno ante el posible riesgo de pérdida de recursos públicos si sobre dichas situaciones detectadas no se toman las medidas pertinentes y oportunas. 

 

Las alertas levantadas, la causa y el impacto económico en cada una de las entidades vigiladas son: 

 

1. REFICAR: 1.956 activos de los 37.992 registrados por la Sociedad Refinería de Cartagena S.A.S. en las dos sociedades SAP (CO02 y MDTO) a diciembre 31 de 2020, no tienen administrador responsable de los mismos. 

 

Impacto económico: US$162.128.045 ($ 583.660.962.800) 

 

2. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -FAZNI: 

 

        Se presentan esquemas que no garantizan la sostenibilidad de los proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos (SFV) generando la pérdida o deterioro anticipado de los activos, sumado a una regulación transitoria de tarifas y subsidios. Desconocimiento de las condiciones de la infraestructura de los SFV y su funcionamiento.  

 

        Se deben hacer los ajustes por reducción de usuarios al suscribir acta de liquidación, lo cual debe generar devolución.  

 

        Mayor valor aportado al encargo fiduciario, que debe generar devolución. 

 

        Ajuste por cambios en el alcance del contrato al suscribir acta de liquidación por presentar saldo en la fiducia. 

 

Impacto económico: $ 281.404.775.734  

 

3. CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad. (Ley 1106/06 Art.6º). 

 

Impacto económico: $41.010.212.362,60 

 

4. ECOPETROL: durante la vigencia 2020 no ejerció la oportuna acción de repetición tendiente a la recuperación de los recursos pagados, en diferentes procesos en los cuales fue vencida en litigio, al igual que en algunos acuerdos conciliatorios en los cuales debió indemnizar a la parte demandante.  

 

Adicionalmente, en ninguno de los casos en los cuales la decisión de Comité de Defensa Judicial y Extrajudicial de Ecopetrol fue la de no iniciar la Acción de Repetición, se evidenció el cumplimiento por parte del Comité de lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, en el sentido de informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo la decisión de no instaurar la acción de repetición, anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de dicha decisión. 

 

Impacto Económico: $20.465.227.110 

 

5. OLEODUCTO CENTRAL S.A. – OCENSA: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º). 

 

Impacto económico: $9.547.130.423 

 

6. ECOPETROL: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º). 

 

Impacto económico: $7.393.404.2917  

 

7. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR): la entidad no realiza la retención del 5% de la contribución especial sobre los contratos de obra pública. 

 

Impacto económico: $2.001.944.800 

 

8. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR) Y MINISTERIO DE MINAS: si bien la Ley 1940 de 2018 faculta al Ministerio de Minas y Energía para disponer de los recursos para Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de las centrales de generación de las Zonas No Interconectadas (ZNI), no se justifica continuar realizando estas erogaciones, teniendo en cuenta que según indicaciones de CEDENAR, “algunos de los activos se encuentran como no operativos y otra porción, si bien están operativos, ya han cumplido su vida útil y en la actualidad podrían ser más costosos sus mantenimientos”, y estos municipios desde el 2018 ya se encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional. 

 

Impacto económico: $1.814.110.964 

 

9. OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A: no realiza la retención del tributo ordenado del 5%, en los contratos de obra pública suscritos por la entidad (Ley 1106/06 Art.6º). 

 

Impacto económico: $822.308.878 

 

10. CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO (CEDENAR): el comportamiento de la cartera por concepto de arrendamientos operativos evidencia acumulación de saldos sin gestión de cobro por parte de la empresa, omisión en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas, así como también en la aplicación de las cláusulas octava y décima segunda de los contratos, poniendo en riesgo los ingresos de la entidad. 

 

Impacto económico: $263.021.535 

Publicado el 15 jun 2021 7:05


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 64

 

Habría un detrimento de $2.318 millones: Ejército compró 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar

 

Pieza gráfica: Habría un detrimento de $2.318 millones: Ejército compró 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar

 

  • El hallazgo, de carácter fiscal y disciplinario, se determinó en una Auditoría Financiera que realizó al Ejército Nacional la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad. 
  • Los visores nocturnos fueron comprados en Estados Unidos para usarse en operaciones militares, pero los peritajes técnicos indican que son de grado 3, o sea los normalmente utilizados por deportistas extremos, y los cuales no tienen un nivel de control y seguimiento estricto por parte del gobierno americano.  

 

Bogotá, 10 de junio de 2021.- Una Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República al Ejército Nacional estableció una posible pérdida de recursos de $2.318 millones de pesos, por la compra de 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar, de aquellos utilizados por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos como habían sido contratados, sino de que los emplean deportistas extremos, para alpinismo, montañismo y cacería. 

 

Se determinó que los bienes recibidos por el Ejército Nacional, al no ser de uso militar y no cumplir con los estándares de calidad requeridos, no satisfacen ni van a satisfacer la necesidad para la cual fueron adquiridos: ser usados por las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano en operaciones militares. 

 

El detrimento patrimonial se da entonces por el hecho de que los visores nocturnos adquiridos no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.  

 

Para la Contraloría, esta situación se generó por una gestión ineficaz e ineficiente que no se compadece con los fines y cometidos del Estado, producto de deficiencias en las decisiones y los controles establecidos para la recepción de bienes y la supervisión del contrato.  

 

El hallazgo detectado por la Contraloría tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 

 

Fueron recibidos a satisfacción 

 

Los 52 visores nocturnos (de referencia CK-1500) fueron comprados por medio de la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea -ACOFA , a través del contrato 035-ACOFA-EJC-2017, suscrito el 28 de octubre de 2017, y cuyo precio fue establecido en moneda estadounidense (US$729.960, o sea $2.318 millones para esa época). 

 

Como parte de los estudios previos del proceso contractual, se contempló la norma técnica especifica de los visores nocturnos a adquirir, “JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-220/ARM” del Ejército Nacional. 

 

Se trata requerimientos técnicos concretos que debían cumplirse para poder ser usados por la Unidades de Fuerzas Especiales en operaciones militares. 

 

Después de varias prórrogas otorgadas al contratista, los bienes fueron recibidos por primera vez el 28 de diciembre de 2017. No superaron las pruebas y por consiguiente se determinó devolverlos al contratista para hacer efectiva la garantía técnica contemplada en el contrato. 

 

Luego de hacerse efectiva la garantía técnica, los 52 visores nocturnos fueron recibidos a satisfacción de manera definitiva el 4 de octubre de 2018, indicando en el acta respectiva que los visores se encuentran aptos para el servicio (cumplen con los requisitos técnicos). 

 

Una vez recibidos fueron pagados por el Ejército Nacional, CENAC AVIACIÓN, entre octubre y noviembre de 2018, por la suma total de USD$726.959,71, que en conversión a pesos colombianos para la época de los hechos está representada en $2.318.088.954,00. 

 

Visores no cumplían requerimientos técnicos 

 

Al realizar la Auditoría Financiera al Ejército Nacional, correspondiente a la vigencia 2020, la CGR revisó este contrato y entrevistó en abril pasado al funcionario del Ministerio de Defensa que en octubre de 2020 realizó peritaje técnico a los visores adquiridos, dentro de un proceso penal que adelanta la Fiscalía. 

 

El experto dijo a la Contraloría que “los visores nocturnos revisados durante el peritaje no se consideran equipos de especificación militar, pues su denominación la refieren como CK-1500 y esa referencia no existe en ningún manual técnico de mantenimiento, los cuales deben ser expedidos por los fabricantes de los visores nocturnos, homologados también por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos”. 

 

Su conclusión al respecto es que los bienes recibidos no cumplían con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.  

 

Y agregó una respuesta que da sustento a la Contraloría para determinar en este caso la ocurrencia de un posible detrimento patrimonial y es que, “dentro los observado en el peritaje realizado, se observa que las características de los visores nocturnos examinados se podrían clasificar en el nivel 3 por sus características técnicas”. 

 

Dice el perito que aquellos equipos clasificados en el nivel 3 son designados para ventas comerciales, normalmente utilizados por deportistas extremos, para alpinismo, montañismo y cacería; y no tienen un nivel de control y seguimiento estricto por parte del gobierno americano.  

 

Los del nivel 1 son destinados para uso exclusivo de las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos y los equipos clasificados en Nivel 2 son susceptibles de venta a países amigos, siempre y cuando cumplan con las regulaciones internacionales para tráfico de armas (ITAR). 

 

Hallazgo trasladado a la Procuraduría 

 

La respuesta del Ejército a la Contraloría no desvirtúa la observación de la auditoría, por lo que se mantuvo el hallazgo comunicado. Y si bien la entidad manifiesta que se inició una indagación disciplinaria por irregularidades en el contrato 035-ACOFA-EJC-2017, este organismo de control determinó trasladar el hallazgo de carácter disciplinario a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia. 

Publicado el 10 jun 2021 8:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 63

 

Contraloría alerta por pagos de indemnizaciones a fallecidos en ejecución de la Ley de Víctimas

 

 Pieza gráfica con fotografía del centro memoria y texto que dice Contraloría alerta por pagos de indemnizaciones a fallecidos en ejecución de la Ley de Víctimas

  • La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria y en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Víctimas, que suman más de 82 mil millones de pesos.  
  • En los cruces de bases de datos realizados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Contraloría Delegada para el Posconflicto se evidenciaron pagos por indemnizaciones a 75 fallecidos que suman 647 millones de pesos, que nunca fueron reintegrados. 
  • También se identificaron pagos por ayuda humanitaria a 493 personas fallecidas que suman más de 282 millones de pesos.  
  • Entre 2014 y 2021, la Unidad para las Víctimas invirtió cerca de 280 mil millones de pesos en tecnología de información que buscaban depurar y actualizar las bases de datos de las victimas identificadas del conflicto en el país.  
  • La CGR hace un llamado a minimizar los riesgos en pérdida de recursos, siendo necesario mejorar por parte de las entidades nacionales sus sistemas de información, y realizar una debida depuración de los datos. 



Bogotá, 9 de junio de 2021. La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria, así como en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Victimas que suman más de 82 mil millones de pesos. 

En un ejercicio de control preventivo y concomitante, la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) evidenciaron inconsistencias y alertas en la ejecución de recursos desde el año 2012 destinados a la población víctima del conflicto por parte de entidades nacionales.  

En relación con la Indemnización Administrativa a las víctimas se identificó que desde 2012 a la fecha se han realizado 823.140 giros a 782.605víctimas por un valor de $5,5 billones. 

Según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de 647 millones de pesos.  

No se encontró evidencia de que estos pagos, que en su mayoría se realizaron entre los años 2012 y 2014, se hayan reintegrado al identificar la anomalía.   

Con un cruce entre las bases de datos Indemniza con el Registro Único de Víctimas (RUV) y la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.  

También, se evidenciaron 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación de los beneficiarios frente a los datos registrados en la Registraduría Nacional. 

De igual manera, la Contraloría General de la República evidenció 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.  

Pagos a fallecidos también se dieron por ayudas humanitarias 

La CGR también encontró que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones.  

Realizados los cruces de la base de datos de Ayudas Humanitarias entregadas por la Unidad de Víctimas, con la base de datos de Registraduría Nacional, se identificaron 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones.  

La mayoría de estos giros se encuentran entre las vigencias 2016 a 2018. El 65% de estos giros se concentran en su orden en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.  

De estos giros a personas fallecidas, 56 corresponden a víctimas de pueblos afrocolombianos, por valor de $32 millones, y 9 giros a víctimas de pueblos indígenas por valor de $6,8 millones. 

También se identificaron 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos en las que se evidenció que el nombre del destinatario no coincide con el nombre reportado en la Registraduría. Y 266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos en lo que se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registraduría NEC. 

Subsidios de vivienda urbana, también con inconsistencias 

Frente a los Subsidios Familiares de Vivienda Urbana otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde 2003, la Contraloría identificó 207 subsidios asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega. 

Estos subsidios legalizados fueron asignados en las modalidades de adquisición de vivienda (86%), arrendamiento (16%), mejoramiento/reparación (5%) y construcción en sitio propio (1%). El 85% de estos subsidios se concentraron en vigencias anteriores a 2010.  

Dentro de estos registros se encuentran 23 casos de titulares fallecidos con más de un subsidio asignado. Y se identificaron 4 casos (2004 y 2016) de titulares de subsidios de vivienda que se encuentran registrados por el hecho victimizante de desaparición forzada.  

Desde 2003, se encontraron 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado - CAP en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda.  

La mayoría de estos subsidios fueron asignados antes de la vigencia 2010 y si bien el subsidio se entregó, no ha sido aplicado a una vivienda nueva o usada. 

De igual forma, la Contraloría Delegada para el Posconflcito también evidenció que 916 registros de subsidios legalizados de vivienda por valor de $15.596 millones presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario, al cruzar con los datos de la Registraduría con programas principalmente como Mi Casa Ya, Vivienda Gratuita y Bolsa Desplazados.  

Las situaciones detectadas llaman la atención de este organismo de control, debido a que se ha destinado una cantidad importante de recursos a proyectos de implementación y mejoramiento de tecnologías de información por parte de las entidades responsables de estos procesos. En el caso de la Unidad para las Víctimas, entre 2014 - 2021 se alcanzó una inversión de $280 mil millones de pesos constantes de 2021; y por parte del Ministerio de Vivienda, entre 2012 – 2021 este valor alcanzó $46 mil millones de pesos constantes de 2021. 

Por otra parte, en el marco del Séptimo informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011, presentado al Congreso de la República en agosto de 2020, la CGR evidenciaba la insuficiencia de los recursos asignados a estas medidas frente al creciente número de población víctima pendiente de atención y es así como, específicamente para la medida de indemnización individual que supera hoy los 7 millones de personas, se requeriría destinar un valor aproximado de $48,6 billones, para atención y ayuda humanitaria se estimó un valor de $11 billones y para cubrir el derecho a la vivienda urbana $13,5 billones.  

Por lo anterior, la Contraloría considera que se hace necesario que las entidades nacionales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas- SNARIV, mejoren sus sistemas de información, y realizar una debida depuración de los datos, así como mejorar las marcaciones para la población víctima, étnica y con enfoque de género, e implementar controles efectivos para la aplicación de los procedimientos y el registro de la información, a fin de evitar riesgos en la pérdida de recursos. Adicionalmente, fortalecer y simplificar la presentación de los registros de los procesos y procedimientos en las bases de datos, a fin de brindar a la ciudadanía mayor transparencia y acceso a la información. 

La CGR continuará con el seguimiento a la política pública de víctimas y lo ordenado en los autos de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, a partir de los cruces y análisis de información sobre subsidios otorgados a población víctima en bases de datos relacionadas con programas de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Devolución de IVA, Restitución de Tierras, entre otros. Así mismo con los cruces de información de bases de datos de SPI, FUT, Sisbén III y IV, SIMAT y PAE, entre otras.  

Con base en las inconsistencias detectadas, este órgano de control procederá a adelantar las actuaciones de control fiscal que se consideren pertinentes, en el marco del nuevo esquema de control fiscal Preventivo y Concomitante.

Publicado el 09 jun 2021 6:35


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 62

 

Contraloría insta a autoridades competentes en la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a tomar medidas y prepararse ante la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales

 

Pieza gráfica con Fotografía de estado de San Andrés, texto que dice Contraloría insta a autoridades competentes en la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a tomar medidas y prepararse ante la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales

 

  • De acuerdo con la UNGRD desde el 1 de junio inició la “temporada de ciclones tropicales en el Mar Caribe y Océano Atlántico”, la cual se extiende hasta el 30 de noviembre. 
  • Por este motivo la Contraloría hace un llamado a todas las autoridades de la isla a prepararse para evitar una nueva emergencia. 
  • Persisten dificultades en el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional para la reconstrucción del archipiélago, primordialmente en la construcción y reparación de casas en las islas de Providencia y Santa Catalina, las más afectadas por el paso del Huracán IOTA. 
  • En el seguimiento realizado se ha evidenciado la construcción de 2 viviendas, 129 demoliciones, 36 predios en excavaciones de zapatas y 28 en labores de estructuras metálicas. 
  • Al 30 de mayo, según el plan inicial del Gobierno Nacional, se deberían tener construidas 130 casas (50 a corte de abril y 80 en el mes de mayo). 
  • En el caso de las reparaciones se planteó inicialmente la entrega del 100% de las viviendas (877 techos y estructuras). 
  • En San Andrés, al 30 de abril, de las 104 viviendas que se tienen que construir nuevas, se han construido 9 y 7 se encuentran en proceso de construcción. En cuanto a la reparación de 2.438 viviendas, se han reparado 154 cubiertas que presentaron daños leves, 1 con daños moderados y 0 con daños severos. 

 

 

Bogotá, 8 de junio de 2021.- La Contraloría General de la República, en el marco del Especial Seguimiento que realiza a los recursos dispuestos para atender la emergencia presentada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el paso del huracán IOTA, insta a las autoridades competentes con la reconstrucción del archipiélago a cumplir con las metas propuestas, teniendo en cuenta la llegada de la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales al país. 

 

De acuerdo con el primer esquema y cronograma de reparación y construcción de viviendas en la Isla de Providencia, presentado a la Contraloría General de la República, se planteaba reparar 877 casas y construir 1.134. 

  

En el seguimiento realizado por este organismo de control se ha podido evidenciar que al momento se ha terminado la construcción de 2 viviendas, se vienen realizando 129 demoliciones (alistamiento de lotes), se encuentra en la isla material para la construcción de 60 estructuras, 37 ya tienen replanteo del diseño (es decir poner en terreno el diseño y marcar el lugar de las excavaciones para las zapatas), en 36 de dichos lotes se realizan excavaciones de zapatas y en 28 se adelantan labores de estructuras metálicas. 

 

En el caso de la habilitación de cubiertas y reparaciones, se reportan 628 viviendas con cubiertas reparadas y 4 en ejecución. Al mismo tiempo que se explica que de estas viviendas hay en la isla 400 viviendas con reparaciones integrales y 146 en ejecución. 

 

Preocupa a la Contraloría que a una semana de cumplirse 7 meses de la emergencia, y cuando está por llegar la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales al país, no se hayan cumplido las metas establecidas inicialmente de entregar, en el mes de abril del presente año, 50 viviendas terminadas y 240 en proceso de construcción (100 demolidas, de las cuales 80 en etapa de estructura, y en 60 acabados), y una proyección posterior de entrega de 80 viviendas terminadas en mayo, 95 en junio y a partir de julio 100 viviendas por mes. En el caso de las reparaciones, al 30 de abril se planteaba la entrega del 100% de las viviendas reparadas (es decir 877 techos y estructuras). 

 

De acuerdo con la advertencia emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, a través de la circular 018 del 11 de mayo pasado, el 1 de junio del año 2021 inicia la “temporada de ciclones tropicales en el Mar Caribe y Océano Atlántico”, que en general se extiende hasta el 30 de noviembre del mismo año ya que, según la experiencia, más del 95% de los eventos históricos se han registrado en este periodo del año. 

 

Así mismo el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en su comunicado especial 023, informó que los más recientes pronósticos realizados por científicos de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) indican una actividad ciclónica por encima del promedio, estimando que este año podrían presentarse al menos 17 tormentas con nombre, de las cuales 8 podrían convertirse en huracanes; cuatro de ellos con probabilidad de llegar a convertirse en ciclones de gran categoría, es decir los de mayor potencial destructivo.  

 

Se debe resaltar que las zonas de mayor exposición a este tipo de fenómenos en el Caribe Colombiano son, principalmente, el Archipiélago de San Andrés y Providencia y la península de la Guajira, donde podrían presentarse, por el paso cercano de estos sistemas, lluvias fuertes que ocasionen inundaciones, vientos de variada intensidad, vendavales o mini tornados e incrementos de marea, como se evidenció en el año 2020. 

 

Ante ello la Contraloría solicitó a la Gerente General para el Proceso de Reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Susana Correa, informar las medidas que se prevén adoptar frente a las recomendaciones establecidas y al impacto sobre los compromisos de entrega de las viviendas, tanto en Providencia como en San Andrés, teniendo en cuenta los riesgos que los retrasos representan para las comunidades y habitantes de las islas. 

 

En el caso de las afectaciones en la Isla de San Andrés, se estableció la construcción de 104 viviendas nuevas y la reparación de 2.438, acciones que están a cargo de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 

De acuerdo con la información oficial brindada, se han construido 9 viviendas nuevas y 7 se encuentran en proceso de construcción. Se han reparado 154 cubiertas que presentaron daños leves, 1 con daños moderados y 0 con daños severos. 

 

El Especial Seguimiento que realiza la CGR a los recursos dispuestos para atender la emergencia presentada en el Archipiélago, indica que el Gobierno Nacional ha dispuesto recursos por 306 mil millones de pesos (exactamente $306.363.182.812), que han sido dispuestos a través del Ministerio de Hacienda a la UNGRD, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, Bancoldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Tales recursos han sido transferidos desde el Presupuesto General de la Nación (PGN) hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).  

 

La ejecución se realiza de manera directa por parte de la UNGRD y también por parte de las entidades territoriales (Departamento de San Andrés y Municipio de Providencia y Santa Catalina) a través de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC).  

 

La UNGRD -a través del FNGRD- es la encargada de la administración de los recursos recibidos mediante donaciones, las cuales a pesar de que provienen de particulares, se consideran recursos públicos una vez ingresan al presupuesto. 

 

Plan de Acción Específico (PAE) 

 

El conjunto de acciones de planificación, organización y de gestión para las fases de preparación y ejecución para la recuperación (rehabilitación y reconstrucción) de las 2.347 familias o 5.680 personas afectadas por la emergencia, contempla 371 actividades de intervención en 20 sectores por un valor total de $1,2 billones ($1.271.384.026.518). 

 

Fase I Reconstrucción: 272 actividades valor $ 742.400.968.159. 

 

  • San Andrés: 40 actividades, valor $ 65.003.548.381 
  • Providencia y Santa Catalina: 117 actividades, valor $526.931.239.105 
  • Archipiélago: 115 actividades, valor $ 150.466.180.672 


Fase II Intervención Estructural: 99 actividades $ 528.983.058.359. 
 
  • San Andrés: 21 actividades, valor $ 190.367.848.200 
  • Providencia y Santa Catalina: 37 actividades, valor $ 175.100.449.755 
  • Archipiélago: 41 actividades, valor $163.514.760.404 


Dificultades que se han debido enfrentar 

La Gerencia para la Reconstrucción del Archipiélago, así como Findeter, han explicado en múltiples ocasiones las dificultades logísticas que se han tenido en el proceso, entre ellos la capacidad del puerto de Providencia, el cual no tenía las características para recibir embarcaciones de gran calado, por lo que se hizo necesario realizar traslado de materiales en alta mar para ser puestos en la isla.  

De igual manera, se ha destacado la problemática que se tiene en Providencia al contar inicialmente con una sola grúa para el descargue de materiales y elementos, dificultad que ha venido siendo superada al disponer de otra grúa en la isla. 

Además, es importante resaltar que en el proceso de construcción se han venido presentado dificultades con los tamaños de los predios (lotes), teniendo en cuenta que en algunos casos tienen proporciones inferiores a los modelos de casas definidas, que cuentan con 12 metros de frente. Esta problemática se presenta en cerca del 38% de los lotes evaluados. 

Por otra parte, cuando inició el proceso de la reconstrucción la finalidad del proyecto estaba enfocada a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán, sin existir ninguna condición de saneamiento predial previo, sin embargo, es preciso anotar que será la Agencia Nacional de Tierras la entidad responsable de realizar el proceso de titulación de predios. 

Publicado el 08 jun 2021 13:35


 

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 61

 

Más obras rescatadas en el departamento del Meta con el ejercicio del control preventivo y concomitante de la CGR 

 

Más obras rescatadas en el departamento del Meta con el ejercicio del control preventivo y concomitante de la CGR

  • La Urbanización Nueva Jerusalén, en Acacías, ya dispone de las obras complementarias que no tenía. La comunidad que reside allí agradece a la Contraloría por atender sus denuncias y gestionar la finalización del proyecto en óptimas condiciones. 

 

  • El Contralor Felipe Córdoba estuvo allí, lo mismo en dos importantes obras en Villavicencio que al fin se culminan: el Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes y el Megacolegio y Centro de Desarrollo Infantil de la Ciudadela La Madrid. 

 

  • Un elefante blanco (el proyecto de vivienda), una obra inconclusa (el Centro de Responsabilidad Penal) y un proyecto con alerta de la DIARI (el Megacolegio y CDI), se hicieron realidad con el acompañamiento de la Contraloría General de la República. 

 

  • Por las anomalías presentadas en la construcción de la Urbanización Nueva Jerusalén, se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $12.004 millones. 

 

Bogotá, 5 de junio de 2021.- Otros tres proyectos en el departamento del Meta que logran salir adelante, gracias al control preventivo y concomitante que ejerce la Contraloría General de la República: 

*En Acacías, un proyecto de vivienda de interés prioritario (Urbanización Nueva Jerusalén), destinado a población vulnerable, que había sido entregado sin condiciones mínimas de habitabilidad, como el suministro de agua y energía eléctrica, vías de acceso, parqueaderos y alumbrado público. 

*En Villavicencio, el Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que llevó 5 años y 6 meses para poderse terminar. 

*Y también en la capital de este departamento, el Megacolegio y CDI de la Ciudadela La Madrid. Con su modelo de infraestructura, la DIARI emitió una alerta sobre este proyecto logrando que no llegara a ser un elefante blanco, sino que se pudiera terminar, gracias al especial seguimiento de la Unidad de Reacción Inmediata de esta dependencia de la Contraloría General. 

Urbanización Nueva Jerusalén, en Acacías  

Este proyecto, que beneficia a 280 familias de población vulnerable, tenía un valor inicial de $9.170 millones, tuvo una adición de $2.940 millones y terminó costando $12.110 millones, convirtiéndose en un elefante blanco. 

Inició en febrero de 2017 y fue terminado en agosto de 2019. Estaba programado para estar listo en un año y, con suspensiones y prórrogas, su ejecución se llevó 2 años y 6 meses. 

Tuvo 4 suspensiones por 9 meses, debido a ajustes de diseños e ítems no previstos; 4 prórrogas por 9 meses, por la ejecución de obras adicionales por mayores cantidades; y 2 adiciones por $2.940 millones por obra faltante y ajustes de precios (recursos aportados por la Gobernación del Meta). 

El contrato de construcción de Urbanización no contempló condiciones mínimas de habitabilidad, como suministro de agua, energía eléctrica, vías de acceso, parqueaderos y alumbrado público. 

Para culminar las condiciones de habitabilidad del proyecto, la Gobernación del Meta suscribió un contrato adicional en el 2020, por $2.498 millones. 

La Contraloría logró comprometer a la Gobernación del Meta para iniciar las obras complementarias de este proyecto, culminarlo y entregarlo. 

Por las anomalías presentadas en este proyecto, en 2020 la CGR abrió un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $12.004 millones, contra los siguientes presuntos responsables: 

*Giovanny Morales Achury, en su calidad de Gerente de la Secretaría de Vivienda Departamental en su momento. 

*Luis Alberto Rodríguez Medina, como secretario de Vivienda del Meta para la época de los hechos investigados. 

Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en Villavicencio 

El valor inicial de esta obra era $8.039 millones. Tuvo una adición de $4.687 millones, con lo cual terminó costando $12.726 millones. 

Empezó a ser construido el 29 de septiembre de 2014 y se terminó en febrero de 2020. 

Previsto para ejecutarse en 12 meses, se llevó 5 años y 6 meses, con suspensiones y prórrogas. 

Ha tenido 5 suspensiones por 18 meses y 15 días, debido a incumplimientos en la ejecución de obra, y 8 prórrogas por 29 meses por cambios en diseños. 

Se han presentado retrasos en la ejecución de la obra. Se declaró incumplimiento al contratista y se cedió el contrato. Faltaba el Certificado Eléctrico RETIE, no tenía red contra incendios y se dieron ajustes de mayores y menores cantidades de obra. 

A través de mesas de seguimiento realizadas en los meses de febrero y mayo de 2021, la CGR logró comprometer al ICBF para poner a funcionar este Centro de Responsabilidad Penal, con el traslado de los menores infractores a más tardar el próximo 15 de julio. 

En 2019 la Contraloría abrió una Indagación Preliminar por $6.763 millones, que fue archivada por resarcimiento pleno del daño al ejecutarse la obra en su totalidad. 

Megacolegio y CDI de la Ciudadela La Madrid, en Villavicencio 

En este proyecto (incluyendo el Parque Recreativo) se invirtieron $14.232 millones. Se inició el 2 de enero de 2018 y finalizó el 31 de mayo pasado. 

La obra fue recibida por el municipio de Villavicencio, con acompañamiento de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, que en su momento generó una alerta sobre la marcha del proyecto y se encargó de hacerle permanente seguimiento. 

Se le asignó rector y están matriculados en educación básica 1.099 alumnos. 

A la fecha se encuentra pendiente la dotación correspondiente para el Megacolegio y el CDI por parte del Municipio de Villavicencio. 

El Megacolegio beneficia a 1800 estudiantes (900 por cada jornada), el CDI a 300 niños de primera infancia y el parque a 6000 habitantes de la Ciudadela La Madrid. 

Publicado el 05 jun 2021 18:30