Boletines de Prensa - 2019

Contraloría General inicia auditoría al Metro de Bogotá

COMUNICADO DE PRENSA No. 153

 

  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba admitió las solicitudes del Alcalde Enrique Peñalosa, el Representante a la Cámara Germán Navas y el Concejal Hollman Morris y ordenó un control excepcional a los $6 billones que aporta el Distrito, para la Primera Línea del Metro de Bogotá.
  • Así  mismo el organismo de control investigará los hechos objeto de las denuncias de Navas y Morris sobre el manejo de los recursos que aporta la Nación al proyecto por valor inicial de $15,1 billones. 
  • De esta manera, la CGR auditará la totalidad de los recursos del Distrito y Nación destinados para el Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, de manera permanente y hasta su culminación.

 

Bogotá, 17 de octubre de 2019.- La Contraloría General de la República inició una auditoría al proyecto primera línea del Metro de Bogotá, incluyendo el control excepcional a los más de 6 billones de pesos del Distrito Capital involucrados en los programas, actos y contratos destinados a su construcción.

El Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte admitió las solicitudes de control excepcional formuladas por el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñaloza, el Representante a la Cámara Germán Navas y el Concejal de Bogotá Hollman Morris; aunque esta última no cumplió con los requisitos legales exigidos para su aceptación, fue tenida en cuenta para el estudio correspondiente.

Mediante Auto 0190 del 4 de octubre de 2019, el Contralor Córdoba Larrarte comisionó a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física para que realice este control excepcional, a través de la actuación fiscal que estime conveniente y, así mismo, para que conozca, tramite y decida las indagaciones preliminares que se deriven de este control excepcional.

Esta misma Delegada se encargará de investigar el cumplimiento de las directrices impartidas en los documentos CONPES 3882, 3889 y 3900, el Convenio de Cofinanciación del 9 de noviembre de 2017, así como sus otrosíes, la ejecución de los recursos del orden nacional involucrados en los programas, actos y contratos destinados a la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y los hechos denunciados.

En virtud de esta decisión, la Contraloría Distrital de Bogotá deberá entregar a la Contraloría General de la República, en el estado en que se encuentren, las auditorías que esté realizando sobre los actos y contratos materia de este control excepcional, para que la CGR asuma su conocimiento, a excepción de aquellas actuaciones que ya se encuentran en la etapa de informe de auditoría.

De esta manera, la CGR auditará la totalidad de los recursos del Distrito y Nación destinados para el Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, de manera permanente y hasta su culminación.

Recursos del Distrito

El Concejo Distrital de Bogotá ha autorizado de manera inicial la suma de $6 billones 87 mil 643 millones de pesos, para la cofinanciación de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, recursos sobre lo que la CGR ejercerá control y vigilancia fiscal a través de control excepcional.

Recursos Nacionales

Los recursos a cargo de la Nación ascienden $15,1 billones, que también serán objeto de vigilancia por parte de este organismo de control.

Publicado el 17 oct 2019 07:40


Por pérdida de donación de 24 mil pares de zapatos, para damnificados de Caimito (Sucre): Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por $702 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 152

 

  • ¿Cómo se perdieron 24 mil pares zapatos que donó la DIAN, para un municipio afectado por la ola invernal de 2010, que tenía entonces 12 mil habitantes, de los cuales solo hubo 159 beneficiarios?
  • El caso lo conoció la Contraloría General de la República, por intermedio de una denuncia ciudadana, que al final llevó a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, que concluyó con este fallo.

 

Sincelejo, 15 de octubre de 2019 - Es una historia de esas de no creer: para atender las consecuencias de la ola invernal de 2010 que afectó por esa época al municipio de Caimito (Sucre), la DIAN donó unas mercancías a la dirección de gestión de riesgo, que consistían en 24.568 pares de zapatos por un valor total de $519 millones, que literalmente desaparecieron. Solo quedó evidencia de la entrega de algo más de cien.

Los 24.568 pares de zapatos fueron entregados al Comité Regional para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres - CREPAD Sucre, que se los entregó a su vez al entonces Alcalde de Caimito, Edilberto de Jesús Montes Muñoz, quien se comprometió a enviar las planillas firmadas por las familias que recibirían esas donaciones, sin que así lo hiciera.

La Contraloría pudo determinar que de esos 24 mil pares de zapatos solo se entregaron los correspondientes a 159 beneficiarios de 3 comunidades.

159 beneficiarios de un pueblo que, para entonces, según la base del Sisbén tendría un poco más de 12 mil habitantes.

Las otras comunidades manifestaron que nunca habían recibido zapatos ni conocieron de entregas realizadas a damnificados.

De hecho, la Contraloría nunca obtuvo evidencias de las entregas del calzado.

Pese a las actividades desplegadas por el Despacho, con el objeto de verificar las circunstancias en que se habrían desarrollado las entregas del calzado, no se obtuvo nada aparte de unas fotos donde se observa la entrega del calzado a personas mayores de edad y menores de edad, sin que dichas imágenes fueran complementadas con otros documentos de soporte, como las planillas de entrega de las ayudas.

Así mismo, la persona que con autorización del Alcalde (un funcionario de la UMATA local) recibió el calzado, declaró a la Contraloría que los zapatos se pusieron en un camión grande y por seguridad fueron depositadas luego en la estación de Policía y al día siguiente vio que estaban siendo cargados en un vehículo y fueron llevados a un lugar que desconoce.

La Contraloría determinó que los zapatos aparecieron luego en la casa del conductor del Alcalde, sin ningún tipo de protección y sin documento alguno que evidenciara la entrega formal en depósito.

Por estos hechos, la Contraloría General de la República, encontró un detrimento al patrimonio público, valorizado inicialmente en $519,4 millones, que, indexados a la fecha, corresponden a un daño por $702.061.475, cuyos responsables serían:

*Edilberto de Jesús Montes Muñoz, Alcalde del municipio de Caimito para la época de los hechos;

*José Nicolás Vega Lastre, Coordinador del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres – CREPAD para la época de los hechos

*Y Kevin Ricardo Caly, Secretario de Planeación del municipio de Caimito, para la época de los hechos.

Resumen de lo actuado y de los hechos

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $702 millones, por irregularidades en la entrega de calzado proveniente de la donación hecha en 2011 por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los afectados de la ola invernal en el municipio de Caimito, Sucre.

En los hechos que llegaron a la CGR tras una denuncia ciudadana, el gobierno nacional destinó cuantiosos recursos para la atención humanitaria de los afectados por la ola invernal al municipio de Caimito, en el periodo 2010 – 2011.

Como parte de esas acciones, la DIAN autorizó la donación de mercancías a la dirección de gestión de riesgo que consistían en 24.568 pares de zapatos por un valor total de $519.405.668, los cuales fueron entregados a su vez al Comité Regional para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres - CREPAD Sucre, con el ánimo de atender la emergencia en algunos municipios.

Este comité por su parte, entregó dichas ayudas al señor Edilberto de Jesús Montes Muñoz, alcalde municipal de Caimito para el periodo de los hechos, que  se comprometió a enviar las planillas firmadas por las familias que recibirían esas donaciones. Pero eso no pasó, y a pesar de ello el CREPAD no tomó medidas para el seguimiento correspondiente.

En las diferentes actas allegadas a la gerencia departamental de Sucre de la Contraloría General, solo aparece evidencia de la entrega a las comunidades del Mamon, Pumpuma, Pueblo Búho, correspondiente a 159 beneficiarios, mientras que las comunidades de la Mejía y Tofeme manifestaron que nunca habían recibido zapatos ni conocieron de entregas realizadas a damnificados como consta en las Actas de Visita Especial firmadas por 15 personas que habitan en dichos corregimientos y dieron fe de tal hecho.

Pese a las actividades desplegadas por la CGR, con el objeto de verificar las circunstancias en que se habrían desarrollado las entregas del calzado, no se obtuvo información ni documentación que den cuenta de la materialización de las mismas, pues al respecto solo fueron recopiladas 83 fotografías, donde se observa la entrega del calzado a personas mayores de edad y menores de edad, sin que dichas imágenes fueran complementadas con documento alguno que soportara la entrega material de estos elementos.

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“Para atender a más de 8 millones de víctimas se requieren 115,9 billones de pesos”:Contralor General

COMUNICADO DE PRENSA No. 151

 

  • Es imperativo determinar totalidad de las víctimas pendientes de atención y los recursos requeridos.

 

Bogotá, 10 de octubre de 2019. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, destacó durante la Audiencia Pública de la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre la vigencia de la Ley de Víctimas que se requieren 115,9 billones de pesos para atender a más de 8 millones de víctimas, y que es el momento de renovarla o actualizarla para determinar la totalidad de la población por atender.

Según los cálculos realizados en los CONPES de 2011 y de 2012 se definieron recursos por $54,9 billones a precios de 2011, los cuales ya fueron superados por los recursos asignados por el Gobierno Nacional.

Por tal motivo, para la Contraloría General, se debe realizar una evaluación de impacto de los recursos invertidos, que según cálculos al cierre de 2019, llega a los $ 96.6 billones.

“Se hace necesario evaluar el resultado de la inversión y determinar si el modelo de atención esta ajustado a los requerimientos de la población víctima”: agregó el Contralor General.

Cálculos del organismo de control estiman que entre 2019 - 2021 se requerirán alrededor de $115,9 billones de pesos constantes de 2019, para ejecutar la política pública de víctimas y restitución de tierras.

Este dato incluye el costeo de cuatro medidas de reparación para la población víctima pendiente de atención como lo son: indemnización administrativa y colectiva ($45,3 billones), vivienda ($18,2 billones), planes de reparación colectiva ($1,6 billones) y atención psicosocial ($1,4 billones).

Con base en este cálculo, el Gobierno Nacional necesitaría realizar un esfuerzo presupuestal anual, del orden de $38,6 billones para cumplir con lo requerido por la ley hasta 2021 y para 2019 se asignaron $14.9 billones, valor que es significativamente menor a lo requerido.

En este sentido, el Contralor General de la República, recordó que “las víctimas representan los actores más importantes del posconflicto, pues encarnan el testimonio vivo de un país que ha sufrido con la violencia y porque merecen una atención integral del Estado”.

“Si la ley finaliza el efecto sería directo sobre la población, pues hay medidas de reparación integral, en donde existen víctimas individuales, hogares y sujetos colectivos pendientes de atención y que en algunos casos ya han iniciado la ruta de atención”, afirmó el Contralor General de la República.

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Publicado el 11 oct 2019 10:40


Según Informe Ambiental de la Contraloría: Más de un millón de hectáreas deforestadas se registraron en el período 2010-2017

COMUNICADO DE PRENSA No. 150

  • En el último cuatrienio (2014-2018) se deforestó lo equivalente a casi un millón de canchas de fútbol: unas 720 mil hectáreas, revela el Informe de la Contraloría sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2018 – 2019.
  • Según el Contralor Carlos Felipe Córdoba, es triste ver que mientras en los últimos 4 años (2014-2018) las CARs han administrado recursos por más de $10 billones, los dineros destinados al sector ambiental en el mismo período, vía presupuesto, apenas pasaron de los $800 mil millones.

 

Bogotá, 8 de octubre de 2019.- Preocupantes cifras de deforestación encontró el equipo auditor de la Contraloría General de la República que realizó el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2018 – 2019. Por ejemplo, el país registró 1 millón 398 mil hectáreas deforestadas en el período 2010-2017.

De esa cifra, el 73% de la deforestación se concentra en 8 departamentos del país, liderados por Caquetá, Meta, Antioquia y Guaviare, destacó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

En el último cuatrienio (2014 – 2018) se deforestaron cerca de 720 mil hectáreas, lo que representa casi un millón de canchas de fútbol, alertó el Contralor al presentar un resumen del Informe del Estado de los Recursos Naturales y Ambientales 2018 – 2019, que rindió la Contraloría General de la República ante el Congreso de la República, y que socializó hoy en un evento que tuvo lugar en el Jardín Botánico de Bogotá.

Según el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, de una tendencia creciente que venía del anterior cuatrienio, ya se evidencian logros en la disminución de la deforestación, a la fecha de un 10 por ciento.

 

Las CARs tienen 11 veces más recursos presupuestales que el sector

 

Un aporte importante de este informe de la CGR se refiere a los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación al sector ambiental. 

En este sentido, llamó la atención el Contralor General, “preocupa la tendencia histórica, un bajo promedio de asignación de recursos para el sector ambiental que no supera el 0,5% del total del presupuesto anual”.

En contraste, indicó, son importantes los recursos administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales, los cuales ascendieron a $10,3 billones en el periodo 2014-2018. Para este mismo período, los recursos asignados vía presupuesto general, para el sector ambiental, fueron $884.224 millones. 

En este sentido, los recursos que históricamente han tenido las CARs para financiar inversiones y gestión en materia ambiental son, en el mismo período, cerca de 11 veces más que el presupuesto de la Nación asignado para el sector.

A continuación, un resumen de las principales conclusiones del Informe de la Contraloría General de la República sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente 2018 – 2019

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Premio internacional para la plataforma OCÉANO de la Contraloría, por utilización de nuevas tecnologías para detectar fraudes financieros

COMUNICADO DE PRENSA No. 149

 

  • La organización de Contralores de América Latina y el Caribe le entrega este reconocimiento al equipo de funcionarios de la CGR que integra la Central de Información Contractual OCÉANO.

 

Bogotá, 6 de octubre de 2019.- La plataforma tecnológica OCÉANO, que en menos de un año de funcionamiento se ha convertido en el gran Big Data de la contratación estatal en Colombia y es la herramienta de análisis más avanzado que ha logrado desarrollar  la Contraloría General de la República, obtuvo un importante reconocimiento internacional, al ser premiados los funcionarios que la manejan por parte de la OLACEFS, la organización que congrega a las Contralorías de Latinoamérica y el Caribe.

 

Esta semana, la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS otorgó el segundo lugar al trabajo presentado por este grupo de funcionarios de la CGR, en una convocatoria sobre el tema “Las Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS- y la utilización de nuevas tecnologías para detectar fraudes financieros.”


Los ganadores por parte de la Contraloría General de la República, del segundo lugar de este premio de OLACEFS, son:

Luis Alberto Girado Polanía, Mónica Sánchez Giraldo, Manuel Dulce Vanegas, David Hernández Chinchilla, Miguel Ángel Sastoque Caro y Jairo Alberto Riascos.

Este equipo es coordinado por Liliana Jaramillo, reconocida experta en el tema de monitoreo de la contratación.

 

Los funcionarios de lo que se conoce como la Central de Información Contractual OCÉANO,  enfocaron su trabajo en la implementación de esta plataforma para el monitoreo y seguimiento a la contratación pública, por parte del organismo de control.

 

Recién cumplido el primer año de gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, OCEÁNO se  ha convertido en una iniciativa de vanguardia para el país y que tiene ya reconocimiento en Latinoamérica y, además, es mirado con interés por Contralorías de otros países, como modelo a seguir.

En la mira toda la contratación estatal

OCÉANO le ha permitido a la Contraloría revisar más de 5,7 millones de contratos públicos por un valor que supera los $500 billones de pesos, encontrando distintas situaciones irregulares, sobre todo de empresas que contratan simultáneamente en distintas regiones del país, en ocasiones con distintas razones sociales, ofreciendo servicios absolutamente disímiles.

Es así como se han encontrado empresas “multipropósito”. Por ejemplo, se detectó una que vende gallinas ponedoras y a la vez hace vías, o también está el caso de una farmacia en el Amazonas que terminó haciendo viviendas.

Adicionalmente,  OCEÁNO ha detectado varios casos de personas fallecidas que todavía aparecen contratando.

La implantación de OCÉANO fue idea del Contralor Córdoba Larrarte, quien desde su campaña para llegar a esta cargo ha insistido en la necesidad de modernizar a la Contraloría y dotarla de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial, para lo cual recientemente logró en Moscú el apoyo de sus colegas integrantes de Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Diploma y ranking de ganadores

Los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de la plataforma OCÉANO recibirán un diploma conferido por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza.

El ranking de las Contralorías ganadoras, en este concurso, quedó de la siguiente manera:

1. Contraloría General de Chile

2. Contraloría General de la República – Colombia

3. Contraloría General de Costa Rica

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Publicado el 07 oct 2019 08:00