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diariolalibertad.com: Cormagdalena, el mal ejemplo de una corporación que naufragó en la corrupción

*Desde hace 26 años cuando se creó esa entidad, el manejo de recursos se ha ido como a un saco roto donde se han desperdiciado miles de millones de pesos y el problema ribereño sigue igual o peor.

Como están las cosas con el invierno en el país y en especial en los departamentos del Caribe colombiano, parece que en lo que hace a las tareas que por ley le corresponde realizar a Cormagdalena con relación a los trabajos en el Río Grande de la Magdalena, no le pega a una sola.

Los desastres que se han venido presentando en las zonas ribereñas que son achacados al invierno y que tampoco son nuevos, siguen generando dolores de cabeza a la comunidad asentada a orillas del río.
Lo que si no se compadece es la abundancia de recursos que se manejan y los trabajos que se requieren o resultan pésimos cuando se hacen o sencillamente se vuelven puras promesas.

Como se sabe los habitantes del municipio de Salamina en el departamento del Magdalena, están en “alerta máxima” desde hace más de un año, ante un nuevo evento erosivo en el kilómetro 1.7, sector de ‘Las 3 Marías’ en donde 150 metros del jarillón cayeron al río Magdalena.

Todos saben que este fenómeno es recurrente desde años atrás, lo cual hizo que se llevara a cabo una reunión en mayo de este año liderada por la Contraloría General de la República en la que además participaron la Universidad del Magdalena, la Corporación Autónoma Regional del Río Magdalena (Cormagdalena).

¿Para analizar qué? Lo que ocurre cada temporada y por enésima vez, se expusieron las acciones que se están llevando a cabo por parte del Gobierno nacional, con el fin de mitigar la situación que se presenta en la margen derecha del río Magdalena, en esa localidad.

Se conoció que este miércoles 15 de septiembre, el río Magdalena arrasó con un muro de contención que servía de vía en Tenerife y que colinda con Salamina.

Ante esta situación, se conoce que cerca de unas 150 mil personas de municipios ribereños del Magdalena y Atlántico están en grave riesgo, y claro las inundaciones no se hicieron esperar en el departamento del Atlántico, por el caudal fuerte del río Magdalena que ya empezó a inundar zonas agrícolas del sur del Atlántico.

Y si por el Atlántico llueve, por Tamalameque no escapa, pues los espolones protectores se encuentran a la deriva y a mereced de las fuertes corrientss del río Magdalena, por lo que alerta roja está encendida en este municipio cesarense.

Alguien recordó que en noviembre del 2010, Cormagdalena daba la gran noticia de la aprobación de recursos por más de $19 mil millones para la construcción de diques y obras de protección en los municipios que se encuentran en las márgenes del río Magdalena.

El que tampoco escapa a los problemas consuetudinarios es el canal de acceso al río en la zona de Bocas de Cenizas, más exactamente en su desembocadura en Las Flores, jurisdicción del distrito de Barranquilla.

Después de muchos ires y venires y de numerosas quejas de la Sociedad Portuaria de Barranquilla y de la alcaldía de la ciudad, Findeter contrató hace días el dragado permanente del Puerto de Barranquilla.

Como se sabe los trabajó los ganó European Dredging Company sucursal Colombia, filial de la firma Jan de Nul. El convenio está por un monto de $15.000 millones de pesos.

Hay que decir que Findeter adjudicó el contrato a European Dredging Company porque consideró que tenía la mejor propuesta para remover la sedimentación del río.

Para ello se usaría la draga Bartolomeu Días, la cual realizó las labores de dragado desde el 4 de septiembre en la zona. El balance hasta ahora es que la máquina alcanzó a remover más de 329 mil metros cúbicos en 55 ciclos y mantuvo el calado operativo en un máximo de 9.5 metros.

Haciendo un poco de historia y repasando el propósito para lo cual fue creada la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, se advierte que fue bajo el artículo 331 de la Constitución Política, como un ente corporativo especial del orden nacional con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual funcionará como una Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida a las reglas de las Sociedades Anónimas, en lo no previsto por la presente Ley. ARTICULO 1o. de la Ley 161 de 1994.

Así las cosas, se asumía que la Corporación tenía como objeto «la recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables».

Para los conocedores y expertos en el trazado del río Magdalena, la Corporación creada hace 26 años para domar la fiereza de un río que en época de invierno se torna turbulento, saben perfectamente , que se han venido cometiendo un cúmulo de equivocaciones, que más que desaciertos, se atreven a calificar de prácticas corruptas, clientelismo y burocracia.
En resumen, Cormagdalena la convirtireron en un saco roto que ha terminado beneficiando a unos cuantos interesados en la privatización de terminales portuarias fluviales y contratistas especializados en dragados que tienen claro que no es una solución definitiva al desarrollo de la arteria fluvial, pero sí un excelente negocio para ellos.

Cobran viáticos para estar en su terruño

La emisora W Radio revelaba hace algunos días las corruptas actuaciones de funcionarios de Cormagdalena.
Su director Pedro Pablo Jurado, según enunció el medio, ha cobrado más de 70 millones de pesos de viáticos en lo que va corrido del año por viajes a Barranquilla, aunque vive acá y su familia también.

Pero tampoco se escapó la subdirectora comercial de la entidad, Claudia Patricia Morales Esparragoza, quien también cobró el primer semestre de 2021 más de 40 millones para venir a su propio terruño.

Se advierte además que Morales Esparragoza también ha sido cuestionada por no cumplir con todos los requisitos de ley para ocupar el cargo, para posesionarse en agosto de 2019, presentó un diploma de estudios de bachelor en el exterior de administración hotelera, los cuales nunca ha homologado en Colombia.

Para ocupar dicho cargo se requieren estudios profesionales en administración pública, o contaduría o en negocios internacionales o en derecho.

La ley también le permite mostrar experiencia para la cual le certificó la empresa Grupo Suma, que es de su familia. Según los documentos de soporte, la mencionada compañía le certificó exactamente los 64 meses de trabajo relacionados con el cargo que necesitaba.

Otra de las experiencias aportadas fue la asesoría que desarrolló en la Vicepresidencia de la República, y fue la propia vicepresidenta Martha Lucía Ramírez quien la recomendó en Cormagdalena, donde devenga la suma de $10 millones de pesos mensuales.

Millones que se van como agua por el río…

Haciendo un poco de historia en enero del 2010, el entonces concejal de Zambrano, Bolívar, Rafael Teherán, expresó su molestia porque los $700 millones que invirtió Cormagdalena, a través del contrato número 0-0105 para la recuperación de la calle de la Albarrada en el municipio de Zambrano, se los llevó la corriente del mismo río. «Los recursos invertidos en este sector de la población, representados en el diseño y construcción de obras para el control de inundaciones en Zambrano se perdieron porque la muralla de contención construida en la calle de la Albarrada se desplomó tan solo tres meses después de que fueron entregados», dijo.

Entre el 2006 al 2009 a ese sector de Zambrano le habían invertido $1.100 millones en obras, para evitar que el municipio se inunde, pero de nada sirvieron.

En el 2014, el entonces director de Cormagdalena, Augusto García, declaró que el OCAD de municipios ribereños había aprobado proyectos que asciendieron a $122.000 millones.

«Desde el año 2012, Cormagdalena ha administrado el 0.05 % de las regalías, que de acuerdo con el artículo 331 de la Constitución corresponden a los municipios ribereños, a través del OCAD de municipios ribereños. Estas regalías para las vigencias 2012 al 2014 ascienden a la suma de $141.838 millones, de los cuales se tienen disponibles para el bienio el 80 % ($124.111 millones)», explicó García Rodríguez.

Mientras que el cacareado y ambicioso proyecto de recuperación de la navegación del río Magdalena recibió por parte del OCAD en ese entonces, $90.000 millones.

Entonces en enero de 2017 el director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade anunciaba la apertura de los primeros procesos sancionatorios contra cuatro concesiones portuarias del río Magdalena por, presuntamente, incumplir con la contratación del Estado, principalmente en inversiones y operación.

Las concesionarias que debían responder por estos supuestos hechos fueron las sociedades portuarias Bocas de Ceniza S. A., Riomar, Michellmar y Terminal Las Flores, las cuales funcionan en la zona de Barranquilla.

Andrade reveló que la Corporación tenía adjudicadas 45 concesiones portuarias, de las cuales solo 7 están cumpliendo los contratos a cabalidad, mientras que otras 24 ni siquiera están operando. «No han puesto una piedra», dijo.

Y agregó que la mayoría de las que no han construido el puerto ni operan obtuvieron las concesiones entre 1993 y el 2015.
Por ejemplo la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza, incumplió las obligaciones y caducidad del contrato suscrito en 1998. Las inversiones que debía hacer esta sociedad eran de $55.106.308 millones de dólares, que nunca hizo.

Es decir en más de 25 años que lleva funcionando la entidad, solo hasta el 2017 se dio a la tarea de ejercer una de sus funciones, que es la regulación de las concesiones sobre el río.

Bien afirman expertos que desde su creación Cormagdalena lo que ha hecho es usurpar funciones que estaban en cabeza del Ministerio de Transportes.

La corruptela se tomó proyecto en 2014

La inoperancia, negligencia, ineptitud y corruptela de esta corporación fue el del proyecto de la navegabilidad del río que con bombos y platillos se anunció en el 2014 en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Fue aprobado el proyecto de navegabilidad por el Gobierno y sus inversiones alcanzarían unos $3,5 billones, dijo entonces el presidente Juan Manuel Santos.

En septiembre de 2014 Cormagdalena firmó un contrato con Navelena S.A.S. para mejorar la navegabilidad del Río Magdalena. Era un consorcio constituido por el conglomerado brasileño Odebrecht (con el 86,67% de las acciones) y la empresa colombiana Valores y Contratos S.A. (con un 13,33% de las acciones). Fue el primer contrato de APP adjudicado en Colombia en virtud de la Ley de APP N°1508 de 2012.

La financiación del proyecto provendría del presupuesto general de la nación, de las regalías de las entidades territoriales y de otros fondos públicos. Cuando se consideraron todos los pagos a lo largo del proyecto, el costo ascendería a COP 2,5 billones (unos USD 750 millones), lo que representa un aumento del 90% del valor del contrato

Caso Navelena

El contrato desde sus inicios estuvo mal planteado pues Cormagdalena asumió el riesgo de demanda, la regulación ambiental o el riesgo de variación de regulación especial, y los riesgos relacionados con la recolección arancelaria, entre otros. Además, se estableció una cláusula de “fuerza mayor” en caso de retraso o falta de obtención de licencias medioambientales por razones no atribuibles a la empresa. Las razones incluían que, si la compañía tenía que consultar con una comunidad para obtener una licencia, entonces debía ser compensada por el Estado.

Aunque el proyecto nunca llegó a la fase de construcción, se identificaron impactos medioambientales y sociales reales y potenciales. En diciembre de 2016 la Contraloría General de la República informó que, puesto que Navelena cambió los materiales requeridos para obras públicas por materiales más baratos y de menor calidad, se ponía en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras.

Además, en la fase de pre construcción la empresa emprendió actividades relacionadas con el dragado entre Barrancabermeja y Barranquilla. Estas actividades tuvieron impactos medioambientales causados por la disposición inapropiada de los sedimentos tomados del río, que corrían el riesgo de secar los pantanos y de impactar negativamente en la biodiversidad. El drenaje también afectó negativamente a las comunidades pesqueras y se redujo el área de tierra en la que los campesinos desarrollan actividades agrícolas.

Algunas fuentes afirman que la construcción del proyecto alteraría el flujo del río, lo que podría impactar a miles de pescadores y familias y poner en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades costeras. El proyecto parecía incompatible con la pesca, dado que los principales beneficiarios del proyecto serían las empresas vinculadas al carbón y al hidrocarburo.

En 2015, cuando Navelena estaba trabajando para obtener el cierre financiero de este proyecto, el exdirector ejecutivo de Odebrecht, Marcello Odebrecht, fue condenado por cargos de corrupción. En mayo de ese año Odebrecht se propuso ceder su participación en el proyecto y, como resultado, Cormagdalena dio múltiples oportunidades para un cambio en la composición del consorcio, o para confirmar el cierre financiero. Después de un intento fallido de acceder a un préstamo de Sumitomo Mitsui Banking (el segundo banco más grande de Japón), el cierre financiero nunca se materializó y Cormagdalena declaró el contrato nulo el 24 de marzo de 2017.

El regulador de negocios colombiano Supersociedades inició el proceso de liquidación judicial de Navelena a principios de 2018.

En el 2019, Navelena demandó a Cormagdalena para que la indemnizara en $348.000 millones de pesos.
La firma exigió este pago por «todos los perjuicios, directos e indirectos, consolidados y por consolidar», por la supuesta aplicación inadecuada de la fórmula de terminación anticipada del contrato, tasado en $1,3 billones de pesos.

La nueva APP con Duque
En agosto de este año, nuevamente el gobierno de Iván Duque, anucnia la estructuración de una nueva APP para recuperar la navegabilidad del río para barcos de mayor calado.

El proceso está en licitación pública y cuenta con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y los equipos consultores Royal Haskoning, ERM, EY y Durán & Osorio.

«Poder decir hoy que la APP del río Magdalena será pronto una realidad a través de actividades de dragado, construcción de estructuras de encauzamiento, protección de orillas, mantenimiento de obras rígidas, entre otras obras, es una excelente noticia. Se traduce en inversión, empleo y beneficio para 69 municipios desde Barrancabermeja hasta Barranquilla», aseguró la ministra de Transporte, Angela María Orozco.

De acuerdo a lo informado, para este proceso, el Gobierno destinó una inversión cercana a $ 1,5 mil millones, entre CAPEX y OPEX.

Y entonces cabe la pregunta: ¿qué garantiza que ahora sí saldrá avante el proyecto? Y sobre todo ¿qué tipo de estudios técnicos, financieros y ambientales soportan la licitación?

Las aguas del Magdalena seguirán su curso, y las inundaciones probablemente seguirán estando ahí mientras una entidad corrupta como Cormagdalena sea la que responsable de la vida del río y sus poblaciones aledañas.

 

Fuente: diariolalibertad.com - 16 de septiembre de 2021