• Por desfalco cometido con recursos de regalías: Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.253 millones contra exalcalde de Barranca de Upía (Meta) Ricardo López




















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  • Puente Hisgaura, en Santander, tendría problemas adicionales a los de su ondulación, determina visita de la Contraloría General a la obra

















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  • Fallos definitivos de la Contraloría, por un total de $9.842 millones, por cuatro casos de corrupción de impacto nacional sucedidos en Casanare

















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Por desfalco cometido con recursos de regalías: Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.253 millones contra exalcalde de Barranca de Upía (Meta) Ricardo López

Bogotá, 9 de noviembre de 2018.- La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $1.253 millones de pesos contra Ricardo López Zuloaga, quien ejerció el cargo de Alcalde del municipio de Barranca de Upía (Meta) en el período 2010-2011, por irregularidades en la ejecución del contrato para la optimización del Sistema de Acueducto de la Vereda Pavitos.

Publicado el 09/11/2018 10:00

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Puente Hisgaura, en Santander, tendría problemas adicionales a los de su ondulación, determina visita de la Contraloría General a la obra

Bogotá, 8 de noviembre de 2018.- Dos situaciones preocupantes adicionales a las anomalías en la estructura denunciadas estos días, determinaron en su visita al puente Hisgaura, en el departamento de Santander, los funcionarios de la Contraloría General de la República que inspeccionaron hoy la obra, cumpliendo labores de acompañamiento en tiempo real, en ejercicio del llamado control fiscal participativo.

Publicado el 08/11/2018 18:00

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Fallos definitivos de la Contraloría, por un total de $9.842 millones, por cuatro casos de corrupción de impacto nacional sucedidos en Casanare

Bogotá, 8 de noviembre de 2018.- La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare, que involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.

Publicado el 08/11/2018 14:00

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Desolador panorama: “No hay recursos suficientes para pagar sentencias contra la Nación”, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba

COMUNICADO DE PRENSA No. 191

 

  • El pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB.

 

Bogotá, 7 de noviembre de 2018.- En momentos en que se discute la estabilidad fiscal del Estado colombiano, los estudios de la Contraloría General de la República sobre las demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional muestran un panorama desolador, con unas cifras de pagos completamente alarmantes y un hecho grave: no hay recursos suficientes para cumplir con estas obligaciones, aseguró hoy el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Los estudios de la Contraloría indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB, donde a los 32 departamentos les corresponde $10,2 billones y a los 1.102 municipios $25,2 billones, indicó.

Y mientras esto sucede, los intereses, exigibles a partir del décimo mes después de proferida una sentencia, siguen creciendo de manera desbordada. “Eso explica por qué, por ejemplo, de cada 100 millones de pesos que paga por condenas una institución como la Policía Nacional, 35 millones corresponden a intereses”, precisó.

El Contralor habló en la instalación del Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación.

Córdoba Larrarte recordó que, al comenzar el 2018, el sector Defensa, Justicia y Seguridad -el más impactado por las condenas contra la Nación- debía exactamente 5 billones 407 mil 488 millones de pesos por concepto de sentencias y conciliaciones.

Y, pese al monto de las obligaciones, equivalente a cerca del 40 por ciento de lo que el Gobierno aspira a recaudar con la Ley de Financiamiento que ha comenzado su trámite en el Congreso, el Presupuesto Nacional sólo apropió para esta vigencia $919.273 millones para todas las entidades afectadas por condenas y pretensiones, suma que solo serviría para atender el 17% de lo adeudado por el sector defensa.

En el caso de las entidades de este sector, los intereses moratorios han estado bordeando los 2 billones de pesos y eso ha hecho que quede pendiente el total del capital, que era de $3,6 billones.

“La perspectiva es necesariamente crítica si tenemos en cuenta que el Ministerio de Defensa encabeza la lista de las diez entidades del orden Nacional con mayores pretensiones registradas contablemente a diciembre de 2017, con $1.2 billones, que corresponden al 26% del total ($4,9 billones)", finalizó el Contralor.

Publicado el 07 nov 2018 11:00


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Publicado el 06 nov 2018 01:00 p.m.

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