Contraloría dice que la empresa solo cumplió con la conexión del 65 % de los clientes.

A pesar de que el Ministerio de Minas y Energía le giró a Electricaribe más de 346.932 millones de pesos en siete años para que pudiera legalizar la prestación del servicio de energía a 164.000 usuarios, esa empresa, que está en liquidación por sus malos manejos, solo cumplió con el 65 por ciento de esa meta.

Así lo reveló una auditoría de la Contraloría, que deja en evidencia los pecados de Electricaribe en ese proyecto que pretendía que usuarios de siete departamentos de la costa Caribe, que viven en barrios de invasión, se conecten de manera legal al servicio y paguen una factura.

Además de los incumplimientos, la Contraloría General hoy investiga un presunto detrimento de más de 60.000 millones de pesos en ese plan.

A pesar de que los convenios que Electricaribe firmó con terceros fueron prorrogados, la empresa –hoy en liquidación por sus malos manejos y por las millonarias deudas que tiene con los proveedores de energía–, solo pudo conectar a 105.748 usuarios, por lo que 54.805 ciudadanos de la región Caribe siguen sin tener una conexión legal al servicio eléctrico.

Entre las irregularidades, el estudio habla de una “deficiente supervisión” del proyecto por parte de Electricaribe y el Ministerio de Minas y Energía, además de errores en la interventoría de las obras, pues nunca hubo una descripción real sobre los retrasos que presentaban. De hecho, las interventorías eran pagadas por los mismos subcontratistas, lo que a juicio del órgano de control no garantiza su independencia.

Además, Electricaribe se demoró en suscribir los contratos con las firmas que realizarían esas obras. La empresa firmó 558 contratos, pero en 491 lo hizo después de los seis meses, o después del año, “tiempos que afectan los términos establecidos y acordados entre el Ministerio y Electricaribe en la realización de los proyectos, en detrimento de la normalización eléctrica a usuarios residentes en barrios subnormales, que es el objetivo social de dichos recursos y para los cuales fueron creados”, dice el informe.

A esto se suman los retrasos en las obras: aunque el Ministerio de Minas le giró los recursos a la empresa para que todas las obras de conexión de energía fueran terminadas máximo en un año, el 93 por ciento de los contratos están para ejecutarse en términos que superan el año, incluso varios de ellos tienen plazos de más de tres años.

No solo preocupan los retrasos, también que el 63 por ciento de las obras no tienen una certificación Retie (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas), que garantiza la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal.

El incumplimiento en la meta, dice la Contraloría, también se da porque Electricaribe suscribió negocios con contratistas que ya habían incumplido, situación que se suma a la oposición de la comunidad. Sobre este último punto, se advierte que muchos pobladores se negaron, porque nunca han pagado una factura de energía. Esto ha llevado a que continúen las conexiones antitécnicas y el nivel de pérdidas para la intervenida empresa.

En este caso, el organismo cuestiona que faltó “autoridad en los barrios de invasión” para garantizar la seguridad en las obras “y evitar el robo de los recursos de los proyectos que se han desarrollado, motivos por los cuales existen proyectos que se han suspendido y otros que han sido desmantelados”.

De los usuarios que ahora están conectados de forma legal al servicio, se detectó que el 75 por ciento pagan, aunque lo hacen después de la fecha límite. Y la mayoría lo hace con abonos a sus facturas, lo que hace que las deudas se incrementen cada mes. Esta situación se debe, dice el estudio, a la poca capacidad de pago de los usuarios, pues se trata generalmente de personas desempleadas o madres cabeza de hogar, así como familias que se habían acostumbrado a la conexión ilegal y gratuita.

“Esto genera un incremento de deudas acumuladas, afectando de manera crítica la situación financiera del operador, quien debe cumplir con las obligaciones de compra a la empresa XM, quien opera y administra el mercado eléctrico colombiano”, dice el informe.

También falló la socialización del proyecto, pues, según el estudio, Electricaribe no les informó a los usuarios los beneficios que tendrían con el hecho de que el Gobierno asumiera el costo de la conexión legal al servicio.

Fuente: eltiempo.com - 17 de abril de 2017