El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención sobre el financiamiento del sistema de Justicia y Paz en sus 20 años de existencia, ante el hecho de que el Estado Colombiano es el que ha tenido que asumir no solo su implementación sino la reparación de las víctimas, cuyos victimarios han sido objeto de extinción de dominio en torno a bienes avaluados en 24,37 billones de pesos.