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Informes que sustentaron investigación de la CGR sobre baldíos

COMUNICADO DE PRENSA No. 61

 

Bogotá, 10 de mayo de 2017.- Desde  el año 2012, la Contraloría General de la República recibió denuncias por parte de algunos congresistas sobre la posible concentración de tierras con antecedentes de baldíos en distintas regiones del país.

De acuerdo a sus competencias, este organismo de control ordenó realizar 2 Actuaciones Especiales, cuyo resultado fue presentado al país en su momento, como se puede apreciar en los siguientes links: (Actuación Especial Sobre la Acumulación Irregular de Predios Baldíos en la Altillanura Colombiana 2012 y Actuación Especial Sobre la Política de Administración de Baldíos y el Cumplimiento de Metas en el Plan Nacional de Desarrollo y Atención de Denuncias Sobre la Adjudicación y Acumulación Irregular de Predios Baldíos en los Departamentos de Antioquia, Caquetá, Cordoba, Meta y Vichada año 2014).

El equipo de trabajo que realizó estas Actuaciones estuvo liderado por el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario de ese entonces, y contó con la participación de funcionarios y contratistas de esta Delegada.

Y en el Informe publicado se recogió de manera especial el aporte del Profesor Luis Jorge Garay sobre el tema (Acumulación Irregular de Predios Baldíos en la Altillanura Colombiana).

Como consecuencia de lo anterior, la actual administración de la CGR dio inicio a distintas actuaciones (indagaciones preliminares y apertura de antecedentes), con el objeto de verificar la posible incidencia fiscal advertida en dichos informes.

Se concluyó que no existía mérito para considerar un detrimento patrimonial o daño fiscal derivado de las transacciones privadas que conllevaron a la eventual acumulación de propiedad rural por encima de los topes permitidos por la Ley y se decidió archivar el proceso.

A pesar del cierre de las investigaciones fiscales, y como se suele hacer en estos casos, correspondió a la CGR trasladar a la Agencia Nacional de Tierras la información recopilada, a fin de que este organismo verifique si existió vulneración o acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de sus requisitos legales, y si considera iniciar los casos judiciales dirigidos a anular las ventas de predios de origen.

Igualmente, se dio traslado a la Procuraduría General de la Nación para el caso de funcionarios que hayan incumplido con sus deberes en este asunto, y a la Fiscalía General de la Nación para la eventual falta en que hubieran podido incurrir los particulares respecto a los mismos hechos.

Publicado el 10 may 2017 17:00